La Plataforma tacha de fraude caciquil la revisión del PGOU

La Plataforma de Cabueñes tacha de "fraude caciquil" la revisión del PGOU

EFE

Gijón.- La Plataforma ciudadana contra el Muro de Cabueñes considera que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convertirá en "un fraude caciquil que atenta contra los ciudadanos" tras el anuncio del equipo de gobierno de conservar un 99 por ciento de los aprovechamientos actuales.


La Plataforma ciudadana contra el Muro de Cabueñes considera que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convertirá en "un fraude caciquil que atenta contra los ciudadanos" tras el anuncio del equipo de gobierno de conservar un 99 por ciento de los aprovechamientos actuales.

En la imagen protestas contra el PGOU en Gijón. EFE/Archivo


La portavoz de la organización, Cristina Moreno, ha comparecido en rueda de prensa junto a su presidente, Francisco Díaz, y el asesor, Antonio Martínez, y ha exigido que la nueva tramitación del documento urbanístico sea "real" y no meramente "estética".

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el PGOU nulo por ser "contrario a derecho" al carecer de un estudio de impacto ambiental y tramitarse como una modificación en lugar de un revisión.

Moreno ha censurado que la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, no se haya reunido con los vecinos tras conocer la resolución judicial que ha demostrado, a su juicio, el "fracaso estrepitoso de la política urbanística" municipal.

La plataforma es partidaria de paralizar los desarrollos asociados al plan y ha advertido que todas las obras que se desarrollen serán un "cheque en blanco" para los constructores.

Respecto al Plan Parcial de Cabueñes, ha solicitado la nulidad del acuerdo ratificado en la Junta de Gobierno del 8 de marzo de 2008 mediante y que supuso dar luz verde al desarrollo.

Díaz, por su parte, ha apuntado que la sentencia confirma las "ideas" defendidas por la plataforma desde su constitución.

Por último, Martínez ha censurado que el letrado Ángel Luis Bernal represente al Ayuntamiento en el caso del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, puesto que la organización le pidió que actuara como su letrado y, a pesar de que renunció, tuvo acceso a toda la documentación recopilada por los vecinos.


Publicado en soitu el 23 de julio de 2009


El TSJA tumba el PGOU por irregularidades

Un documento polémico desde su origen

El Tribunal Superior de Justicia tumba el PGOU por irregularidades en su tramitación

El recurso de una familia de Mareo anula el Plan General por encubrir como modificación puntual lo que fue una amplia revisión y por saltarse la evaluación de impacto ambiental

M. SUÁREZ / M. CASTRO

Una familia de Mareo ha logrado lo que no pudieron tres «marchas verdes»; tumbar el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, que desde su concepción levantó ampollas en la zona rural.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el PGOU aprobado en 2005 y en 2007 (tras incluir varios recursos) debido a irregularidades en su tramitación y la falta de evaluación de impacto ambiental.

En el momento en el que la sentencia sea firme, con la anulación del PGOU quedarán sin soporte jurídico todos los planes parciales que no hayan sido aprobados definitivamente, como son el que desarrollará la zona de la barrera ferroviaria y la mayor parte de los desarrollos urbanísticos previstos para la zona rural, como los de Castiello y Cabueñes. No afectará a los planes parciales ya aprobados ni a las licencias ya concedidas.

El meollo de la sentencia está en la decisión que tomó en su día el Ayuntamiento para tramitar como una modificación puntual y no como una revisión general los cambios en el PGOU, para adaptarlo a la ley del Suelo del Principado de Asturias, que eliminaba la figura de suelo genérico. Pero el alcance de los cambios en el planeamiento era mayor que los de una mera modificación puntual. Se trataba de una «reconfiguración del modelo territorial existente, entrañando una modificación sustancial de este», según la sentencia del TSJA, en la que se estima que en este caso «se ha encubierto una genuina operación de revisión bajo un indebido supuesto de modificación puntual».

El Tribunal cuestiona «el deficiente período de información pública», «la falta de documentos esenciales» y «el deficiente estudio económico y financiero» consecuencia de la inadecuada tramitación que efectuó el Ayuntamiento. Por sí solos, elementos suficientes para anular el plan.

Pero hay más. El TSJA también echa en falta la evaluación de impacto ambiental, exigible para «transformaciones de uso de suelo que afectan a superficies superiores a 100 hectáreas» debido a que las mismas suponen la «destrucción integral de la capa de suelo y la alteración de la topografía» y por lo tanto implican la «eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea» por lo que la «falta» de la evaluación de impacto ambiental «determina la nulidad del plan», agrega la sentencia.

En el caso de que la sentencia cobre firmeza, uno de los problemas que tendrá que afrontar el Ayuntamiento es precisamente el de la tramitación medioambiental.

Esta tramitación tendrá que cumplir el convenio de Aarhus, que se traspuso en 2006 a la legislación española y que establece criterios de mayor participación ciudadana en planes que afecten al medio ambiente y que supone que el Ayuntamiento deberá estar abierto a las opiniones y sugerencias de colectivos y ciudadanos particulares antes de la elaboración provisional del plan.
Hasta ahora, el Ayuntamiento planteaba la idea y luego abría un período de alegaciones.

Según explicaron fuentes jurídicas, evitar el convenio de Aarhus fue uno de los motivos que llevó al Ayuntamiento a acelerar la tramitación del PGOU, lo que a la larga ha supuesto su anulación.
Además de la tramitación por una vía incorrecta y de la falta de evaluación ambiental, el alto tribunal aprecia un tercer motivo para anular el planeamiento gijonés: el que en 2007 el Ayuntamiento incorporara recursos de reposición a un Plan General que en teoría ya había aprobado de manera definitiva.


La sentencia, dictada el pasado miércoles, resuelve la primera de las siete demandas interpuestas en el mismo sentido, todas ellas planteadas por el abogado gijonés Antonio García González.
Las otras seis corresponden a colectivos vinculados a la zona rural gijonesa. Una de ellas fue interpuesta por la Federación vecinal «Les Caseríes».

Primeros trámites
El Ayuntamiento de Gijón empezó a abordar la revisión del PGOU y su adaptación a la nueva ley del Suelo de Asturias en 2002. El trabajo se adjudica al estudio del arquitecto Luis Felipe Alonso Teixidor. En diciembre de 2003, se saca a información pública su propuesta urbanística. Es el inicio de una tramitación que no se zanja totalmente hasta el año 2007.


Protestas
Las recalificaciones que se derivaron de esta revisión urbanística provocaron movilizaciones ciudadanas desde el mismo momento en que se hizo público el contenido del nuevo PGOU.
Este documento abría la puerta de la zona rural a la construcción de bloques de pisos.
Por contra, prohibía la construcción de viviendas unifamiliares en zonas agrarias venidas a menos, donde el terreno perdió valor.
La mayoría de parroquias del concejo mostraron su rechazo movilizándose en la calle.
Sus «marchas verdes» (se organizaron tres) llegaron a reunir en el centro de Gijón a 10.000 vecinos.

Aprobación
El Pleno municipal aprobó definitivamente el PGOU de Teixidor en diciembre de 2005, después de que su diseño urbanístico de la ciudad recibiese más de 3.000 alegaciones.
El texto refundido con la contestación a estas alegaciones obtiene luz verde en abril de 2007.

Contenciosos
Varios colectivos gijoneses deciden recurrir al Tribunal Superior de Justicia para hacer valer sus intereses. El miércoles se respondía a uno de ellos con una sentencia que anula el PGOU.
Se detectan irregularidades medioambientales y de tramitación.

Un juzgado imputa al arquitecto del pelotazo

CORRUPCIÓN Incluyó su finca en el plan urbanístico

Un juzgado imputa al arquitecto municipal del 'pelotazo' de Gijón


* Ganó 600.000 euros al revender el terreno a la inmobiliaria Reyal Urbis

* La empresa le contrató después para desarrollar un proyecto sobre ese suelo

* Los hechos fueron revelados por EL MUNDO y motivaron una denuncia de la Fiscalía

Joaquín Manso Madrid

Un juzgado de Gijón ha imputado al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de esa localidad Ovidio Blanco, que obtuvo un fabuloso 'pelotazo' de 600.000 euros al revender una finca que se había revalorizado extraordinariamente porque él mismo había decidido incluirla en el plan urbanístico municipal. Esa actuación fue revelada por EL MUNDO el pasado mes de marzo y motivó una denuncia de la Fiscalía.

El escueto auto del juez decano de Gijón, Juan Laborda, señala que los hechos "a priori revisten caracteres de delito o delitos contra la Administración Pública" y cita al arquitecto a declarar como imputado el próximo 5 de agosto. El fiscal había sido más concreto y señalaba que la finca pudo constituir, «al menos indiciariamente», un soborno en especie entregado por un empresario -que ganó más de cinco millones con el plan- a cambio de información privilegiada de futuras recalificaciones y tráfico de influencias. Por ello, atribuye al ex arquitecto jefe esos tres delitos.

Ovidio Blanco compró la finca cuando estaba en pleno proceso de recalificación a un precio extrañamente bajo -unos 20.000 euros- a la empresa Hoyant, con la que ya había intercambiado el terreno varias veces desde 1992. Después, lo revendió por su valor real en el mercado -más de 600.000 euros- a la inmobiliaria Reyal Urbis, para la que ahora trabaja desarrollando un proyecto, precisamente, sobre ese suelo.

Hoyant fue una de las grandes beneficiadas por las recalificaciones diseñadas por Blanco: obtuvo «plusvalías que superan los cinco millones de euros», según la Fiscalía.

El juez Laborda pide ahora también el expediente en el Registro Mercantil de la empresa Hoyant y cita a seis testigos. En el mismo auto, rechaza la personación como acusación particular del Partido Popular y de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, a los que impone una elevada fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular.

Manos Limpias ha tenido que desembolsar 6.000 euros para poder acusar a Baltasar Garzón en el Supremo, la misma cantidad que se le pidió a Izquierda Unida para ejercer la acción penal en el caso de la adjudicación a 'El Pocero' de la mayor urbanización de España, en Seseña. En otros casos de corrupción, las fianzas suelen oscilar entre los 2.000 y los 7.000 euros para ejercer la acción popular.

Reglamentu de participación ciudadana

El reglamentu orgánicu

FERNANDO CANELLADA


«La participación na vida de les ciudaes, nos sos recursos, nos sos servicios y nes sos decisiones, ye un derechu de los vecinos y vecines espeyáu enforma na llexislación».

Asina empecipia'l «Reglamentu de participación ciudadana del Ayuntamientu de Xixón», que recibióse ayeri [5 de marzo de 2009] por corréu, remitíu con un saludu l'Alcaldesa.

El llibru tien dos cares, una en castellán y otra n'asturianu. Ye parte del compromisu del gobiernu llocal pola normalización llinguística. Nel textu fálase de «cultura participativa» y de «dar puxu sobremanera a la participación d'aquellos grupos o individuos que, por cualquier causa, tengan dificultaes añadíes».

En fin, en 48 páxines y 53 artículos resúmense munches pallabres qu'a diariu vuelen per onde'l fumu. ¿Cómo participa la xente na obra del ferial del campus? ¿Y col cambiu del Albergue Covadonga? ¿Qué muérganu de participación tienen los usuarios nel cierre de la piscina de Panchano o del muru de Cabueñes? ¿Y qué derechu quéda-yos a los vecinos del Pisón ante la depuradora?

Publicado en La Nueva España el 6 de marzo de 2009