El «caso Ovidio Blanco»

Escándalos ficticios

El «caso Ovidio Blanco», las cuentas de la Cámara de Gijón, «Villa Magdalena» y otros sucedidos nada imaginarios

MARIBEL LUGILDE


«Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra», decía Simone de Beauvoir. En realidad, cuando una se hace al escándalo, este automáticamente deja de serlo, pasa a la categoría de rutina, se vuelve irrelevante y se camufla entre el resto de sucedidos de la vida. Ese es el gran peligro sobre el que alertaba la francesa. Ahora nos avisan de otro riesgo, el de los escándalos ficticios.

Esa fue la definición que Luis Tuero, abogado del ex arquitecto municipal Ovidio Blanco, hacía estos días del caso en el que se ha visto envuelto su defendido y que ha sido sobreseído provisionalmente en los tribunales, así como archivadas las imputaciones que pesaban sobre Blanco. Se quejaba Tuero de la instrumentalización política que el PP había hecho del asunto para perjudicar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y sembrar sospechas sobre la gestión urbanística municipal.

Tiene razón. En este país, en esta política y en estos medios de comunicación nuestros no vemos otra cosa que partidos políticos -o contrincantes políticos de una misma formación- sacando réditos a los comportamientos dudosos, con sentencia firme o en investigación, que degradan la imagen de su opositor.

Pero el hecho de que haya quien se aproveche de una conducta fronteriza ajena para perjudicar en varias direcciones y siempre en beneficio propio, o incluso el hecho de que un juez considere que los presuntos delitos asociados a esa conducta no aparezcan «suficientemente acreditados» y cierre el caso, no convierte un escándalo en algo ficticio, es decir, fingido, imaginario o falso.

De hecho, siguen siendo igual de contantes y sonantes y cotizan igual al cambio los 600.000 euros de beneficio que al parecer consiguió Blanco en sucesivas compraventas de un mismo terreno en Cabueñes, en coincidencia con su recalificación de rústico a edificable, poco después de abandonar sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Gijón.

Puede que sea impecablemente legal, un golpe de fortuna, una gracia del azar, una compensación del karma?, pero no es algo ficticio y tiene un rango de excepcionalidad francamente llamativo. Y conste que no quiero centrar mi reflexión en el «caso Blanco» porque justamente el ámbito urbanístico de muchas localidades de nuestro país nos ofrece ejemplos que son auténticos calcos. En un caso fueron penalizados por la justicia y en otros no, pero no por ello pasaron del reino de lo tangible a lo intangible.

Lo mismo ocurre con el millón de euros de déficit en las cuentas de 2010 de la Cámara de Comercio de Gijón, que hoy se someten a valoración para su aprobación por parte del pleno de la institución. Los auditores contratados por el Principado de Asturias, autoridad tutelante de las tres cámaras asturianas, no han encontrado objeción a las cuentas de 2009 que, según denuncian abiertamente los trabajadores -y barruntan para sí algunos plenarios- camuflaron 900.000 euros de pérdidas.

Pues yo no sé qué es peor escándalo, si perder dinero a espuertas en dos cómodos plazos o todo de una tacada. Y puede que los auditores no detecten irregularidad alguna en la presentación de balances y cuentas de resultados, pero el sentido común avisa de que algo no va bien, que ese «algo» está engordando y que no tiene nada de ficticio.

El «caso Riopedre», el del «Villa Magdalena» de Oviedo? Podrán finalmente no hallar delito, validar mil veces una forma de hacer, pero cuando algo nos chirría ya nos lo pueden presentar revisado, sellado y compulsado, y anunciar sobreseído y archivado, que no vamos a ver proporcional lo que siempre vimos desproporcionado.

Así que, por favor, no me pidan que me acostumbre al escándalo ni que piense que lo excepcional es fruto de la calenturienta imaginación colectiva. Si algo es blanco y va en botella, no creo que sea temerario sospechar que va a ser leche. Lo verdaderamente temerario es dejar de usar la lógica aplastante del sentido común que aún nos queda.


Publicado en La Nueva España el 31 de marzo de 2011

Los vecinos se oponen a la venta de la casona de Piñole

GIJÓN
Los vecinos de Cabueñes se oponen a la venta de la casona de Piñole

E. C.


La Asociación de Vecinos de Cabueñes-La Pontica ha hecho público un comunicado en el que muestra su «más rotundo rechazo a que la casona mariñana de Cabueñes legada al pueblo de Gijón por el ilustre pintor de nuestra ciudad Nicanor Piñole, con la condición que de fuese destinada a usos museísticos, sea subastada al mejor postor».

Los vecinos rechazan el principal de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Gijón para vender la finca, que no es otro, según el concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille, que «la casa no es accesible y no reúne las condiciones mínimas para convertirse en museo».
Según la asociación vecinal de Cabueñes, en dicha casona ya se han realizado distintas actividades museísticas y talleres organizados por el propio Ayuntamiento, además de actividades de verano para niños.

Uno de los problemas que denuncian los vecinos es que la actual Corporación municipal «ha incurrido en una injustificable dejadez de funciones durante todos los años transcurridos desde la donación, encontrándose actualmente este legado en el más absoluto abandono, lo que sin duda lo abocará a su inminente ruina».


Planes de urbanización

En su escrito, La Pontica califica de «sospechoso» que esta casona mariñana «se encuentre afectada por los planes de urbanización masiva que penden sobre Cabueñes».
Ante esta situación, recuerdan que ya denunciaron en su momento la destrucción o desaparición de un hórreo centenario ubicado junto al conjunto etnográfico de la Casería de Xico Piñera.

La asociación vecinal busca también la implicación del resto de los vecinos de Gijón en la defensa de la casona mariñana de Nicanor Piñole, por lo que invita a todos los ciudadanos a «conocer y valorar personalmente» el conjunto etnográfico, así como a exigir al equipo municipal saliente que desista de iniciar esa «venta al mejor postor».

Publicado en El Comercio el 8 de junio de 2011

Ovidio Blanco sigue imputado

GIJÓN
Ovidio Blanco solicita recuperar su plaza de funcionario en Urbanismo
El exarquitecto jefe municipal da el paso dos meses después del sobreseimiento del caso de las compraventas en Cabueñes

M. MORO

Ovidio Blanco ha solicitado el reingreso a su plaza de funcionario en los servicios municipales de Urbanismo después de una excedencia prolongada de más de siete años. El propio arquitecto confirmó ayer [27-5-2011] a EL COMERCIO que su instancia ya está presentada en el Ayuntamiento, aunque rehusó explicar los motivos que le han llevado a dar este paso. Una solicitud que llega después de las elecciones y justo dos meses después del sobreseimiento provisional de la causa judicial por las sucesivas compraventas de una finca en Cabueñes que le reportaron un lucro millonario.

La única traba que se interpone en este momento a la reincorporación de Blanco al Consistorio es el archivo disciplinario que se le abrió en el ámbito interno y que ha discurrido en paralelo al procedimiento judicial ahora archivado. No obstante, el sobreseimiento provisional de las imputaciones de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada podrían conducir al cierre, también sin consecuencias, de dicho expediente. Y ello a pesar de que la conducta del arquitecto, por sus transacciones en Cabueñes, fue duramente criticada y puesta en solfa tanto por la alcaldesa como por el concejal de Urbanismo en funciones en estos dos últimos años.

Ovidio Blanco tomó posesión de su plaza de arquitecto superior en el Ayuntamiento de Gijón en julio de 1979 tras aprobar una oposición. En 1992 pasó a ocupar la jefatura de los servicios técnicos municipales, cargo que desempeñó hasta el 1 de enero de 2004, fecha en la que pasa a la situación de excedencia voluntaria.

Fuera ya del Ayuntamiento compaginó un contrato de colaboración con Sogepsa con el trabajo en su propio estudio de arquitectura. Entre los proyectos que cayeron en su manos destaca el que le encargaron los promotores del plan parcial de Cabueñes. Los vecinos de la parroquia averiguaron que Blanco, además de firmar el diseño de la polémica actuación, tenía intereses en la zona recalificada como nuevo urbanizable con la entrada en vigor del Plan General de 2005. Un planeamiento que él mismo dejó encauzado en el Consistorio antes de dedicarse al ejercicio libre de su profesión. En concreto, el técnico era propietario de una parcela que adquirió por primera vez en 1992 y que formó parte de sucesivas operaciones de compraventa hasta que en 2006 Reyal Urbis, una de las promotoras mayoritarias de la operación en Cabueñes, le compró el terreno de forma definitiva por 600.000 euros.

Poco después se puso en marcha una investigación judicial que llevó al arquitecto a declarar como imputado en los juzgados de Poniente en agosto de 2009. La carrera del técnico quedó a partir de ese momento profundamente tocada hasta el punto de que tuvo que renunciar a su trabajo en Sogepsa y al frente de la operación urbanística en Cabueñes para construir 600 nuevas viviendas.

«Refugio ante la tormenta»

La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ejerció una de las acciones populares en la causa contra el arquitecto, valoró ayer la solicitud de Blanco como «una forma de buscar refugio ante la tormenta». Según este colectivo vecinal, «el Ayuntamiento no puede dar cobijo al técnico hasta que se resuelva por completo el expediente judicial en que está encausado». La plataforma tiene interpuestos recursos contra el auto de sobreseimiento provisional del juez Laborda y sostiene que «a todos los efectos Ovidio Blanco sigue imputado por su desempeño profesional en su etapa de arquitecto jefe municipal». Por ese motivo, confía en que «no se cierre en falso el expediente administrativo a una persona de confianza del gobierno socialista saliente».

Quien también medita en estos momentos su posible retorno al Ayuntamiento de Gijón es el consejero en funciones de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía. En el caso del también presidente en funciones de Sogepsa, éste aún no ha cursado la solicitud para reincorporarse a su antigua plaza de funcionario como abogado urbanista. Si Buendía sigue finalmente los pasos de Blanco, ambos podrían volver a trabajar juntos en los servicios municipales de Urbanismo años después.

Publicado en El Comercio el 28 de mayo de 2011

La Plataforma pide a la Fiscalía que se investigue a la Alcaldesa

La Plataforma Contra el Muro de Cabueñes pide a la Fiscalía que se investigue a la Alcaldesa
El colectivo ha solicitado que se estudie «si hubo delitos públicos» en el trámite del circuito del motor de Sotiello

M. SUÁREZ

La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes ha solicitado a la Fiscalía Superior del Principado que «investigue la conducta de doña Paz Fernández Felgueroso» en la tramitación del circuito del motor previsto en Sotiello. «Por si fuese constitutiva de delitos públicos», insinúa el escrito que este mismo fin de semana se ha remitido por correo al fiscal Joaquín de la Riva.

El colectivo considera que la relación familiar entre la alcaldesa de Gijón y el promotor del circuito, Rafael Riva Meana, pone en entredicho una de las modificaciones urbanísticas introducidas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La que recalifica, como suelo urbanizable de uso industrial y dotacional privado, el terreno que Riva Meana compró en Sotiello para su pista de carreras.

Los vecinos han esperado a que se aprobase definitivamente el PGO, y que lo hiciera sin la abstención expresa de la Alcaldesa, para trasladar sus sospechas a la fiscalía. El Pleno municipal daba luz verde al Plan de Ordenación el pasado viernes, con los votos a favor de PSOE e IU. Veinticuatro horas después, la Plataforma de Cabueñes enviaba por correo al fiscal Joaquín de la Riva -«para que ya lo tenga el lunes en su despacho»- un dossier sobre Sotiello.

La documentación está avalada por el ingeniero que dirigió el «Estudio preliminar de impacto ambiental del circuito de Sotiello», Ignacio Martínez Fernández, asesor ahora de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes. Ese informe se remonta a mayo de 2004. «Dos de las reuniones de trabajo se celebraron en la sede de la Alcaldía, con la participación de Paz Fernández Felgueroso, dada su vinculación personal con el promotor, Rafael Riva Meana, hijo de una prima hermana», incide el escrito vecinal.

El ámbito de actuación abarca un antiguo vertedero de escorias que en aquel momento todavía era propiedad de Arcelor y «constituía el principal handicap» del proyecto. «Sobre ese vertedero pesaba una orden de descontaminación cuyo coste aparentemente excedía las posibilidades del promotor y eso gravitaba sobre la adquisición de los terrenos», expone la Plataforma. Y apostilla: «En una de las reuniones celebradas en la Alcaldía, Rafael Riva reclamó ayuda para la gestión de esos terrenos en condiciones aceptables económicamente».

Ignacio Martínez recuerda: «a tal fin, se produjo una conversación telefónica entre doña Paz Fernández Felgueroso y don Antonio Suárez Marcos (entonces director de la Agencia de Medio Ambiente) para pedir información sobre la situación del vertedero». Riva Meana acabó comprando la escombrera de Arcelor, aunque su iniciativa empresarial no llegó finalmente a desarrollarse.

PSOE, IU y PP aprobaron, en octubre de 2004, una modificación puntual del planeamiento urbanístico para dar entrada al circuito. Pero la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) no dio de paso la recalificación del suelo. Y a eso se agarraron quince familias de Sotiello para frenar el hecho de que la empresa promotora ya hubiese trazado un recorrido donde empezaba a organizar pruebas de automoción.

El Ayuntamiento recupera ahora el proyecto, aprovechando la revisión del PGO. El nuevo Plan General lo integra, como ampliación del actual polígono de Somonte, en un nuevo ámbito urbanizable orientado a la mecánica y el motor. Se trata de una superficie de 558.410 metros cuadrados, donde se admiten usos industriales y dotaciones de carácter privado. «Ciudad del motor», lo ha bautizado el equipo de gobierno.

En el documento de prioridades que sentó las bases del nuevo PGO, «la zona aparece en previsión como no urbanizable y la parte correspondiente al vertedero figura como Recuperación Ambiental», subraya la Plataforma. Con este asunto, los vecinos de Cabueñes extienden a todo el concejo su lucha contra la política urbanística municipal. «Es que, si se demuestra que la actuación de la alcaldesa derivó en un beneficio a terceros, todo el Plan sería nulo», explican.

Ésta es la segunda vez que la Plataforma Ciudadana de Cabueñes se pone en contacto con la Fiscalía por un tema urbanístico. La primera, relacionada directamente con la operación residencial prevista en su parroquia, dio lugar a un proceso judicial que tuvo en el punto de mira al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento. El llamado «caso Blanco» fue archivado por el juez el pasado mes de marzo.

Ahora, en un segundo intento de poner en tela de juicio el urbanismo gijonés, se apunta directamente hacia la alcaldesa. La plataforma ha pedido a la fiscalía que «se deduzca testimonio de doña Paz Fernández Felgueroso, don Antonio Suárez Marcos y don Ignacio Martínez Fernández». También que recabe información sobre el proceso de aprobación del nuevo PGO y sobre el territorio donde se promoverá el circuito de Sotiello. Su solicitud se produce a una semana escasa de las elecciones municipales.

Publicado en La Nueva España el 16 de mayo de 2011