La petición más destacada de la federación urbana es la revisión del plan de Cabueñes

La federación vecinal urbana alega contra los planes de Cabueñes y El Infanzón

Les Caseríes pide que se permitan parcelaciones en todos los núcleos rurales y el Colectivo de Vega alega contra Ecojove y el Plan de Peñafrancia

IVÁN VILLAR

La última jornada de información pública del Plan General de Ordenación disparó ayer por encima de 1.400 el número de alegaciones al documento que ahora deberán ser analizadas y contestadas por el equipo redactor. Destacados colectivos como las federaciones de asociaciones de vecinos de la zona urbana (FAV) y rural (Les Caseríes), esperaron hasta el último día para entregar sus propuestas. La primera presentó un escrito con trece alegaciones -incluida una en la que asume como propias las que hayan presentado las asociaciones de federadas en la organización- y la segunda entregó nueve.

La petición más destacada de la federación urbana es la revisión del plan de Cabueñes. «Sugerimos que se tenga en cuenta el valor medioambiental de esa zona para tratar de salvaguardarla», apunta en su escrito, muy crítico también con vial proyectado en la zona. La FAV se suma así al colectivo SOS Cabueñes, que advierte en sus alegaciones que pese a los cambios introducidos con respecto a los planes anteriores «el mismo muro no deja de serlo por transformar su identidad de residencial a industrial. No se precisan ni el vial planteado, ni las viviendas, ni los usos asociados en los nuevos ámbitos urbanizables de Cabueñes».

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Este urbanizable no es el único superviviente del plan de 2011 que sigue en el ojo del huracán.
La FAV también pide suprimir el plan del Infanzón, que define como «una isla constructiva densa en un entorno rural» y el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural añade a este el plan residencial de Peñafrancia, al sur del Botánico, así como Ecojove, donde pide instar al Principado a que retire la clasificación de este suelo como Actuación Urbanística Concertada (AUC) «toda vez que dicha actuación ha caducado».


Cinturón verde en Jove

Al margen de las referencias a estos desarrollos, la FAV pide «un cinturón verde» en la zona de Jove y El Lauredal como sustitución de la barrera que suponen ahora las vías del ferrocarril y la que supondría el nuevo vial previsto en la zona. «Queremos un proyecto claro que apueste por el tráfico subterráneo tanto de vehículos como del tren para mover las mercancías que van a El Musel». Pide también «crear un diseño verde en la zona oeste que permita absorber los altos índices de contaminación», un proyecto que mejore la accesibilidad y movilidad en el barrio de El Muselín, que se preserve «de manera clara» el litoral marítimo tanto en la Ería del Piles como en El Natahoyo «evitando su masificación constructiva» e «incrementar los espacios de encuentro y de relación, diseñando la ciudad para el uso y disfrute del ciudadano y no para intereses privados».

La federación urbana reclama además aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad y junto a la estación de ferrocarril y plantea varias mejoras en los accesos por carretera: un ramal que conecte la salida de Gijón por la 'Y' con la ronda en dirección a Santander, un enlace entre la sierra del Sueve y la avenida del Príncipe de Asturias que elimine el paso elevado existente, un estudio de los pros y contras de conectar Dolores Ibárruri con la 'Y' y convertir esta entrada a la ciudad en una «vía-parque» a partir de Tremañes.

Colmenas y gallineros

Les Caseríes, por su parte, rechaza la prohibición de las parcelaciones en los núcleos rurales clasificados como NR3 -existen once en siete parroquias- y pide que cualquier agrupación poblacional con un mínimo de cinco viviendas, «cuya relación de distancias garantice la unidad funcional del asentamiento», pueda ser clasificada como núcleo rural. Reclama también que se evite que edificaciones erigidas en suelo no urbanizable que se hubieran construido con la oportuna licencia municipal queden fuera de ordenación, que las quintanas tradicionales tengan su reflejo en los planos de ordenación, que se amplíen los espacios en los que se permiten usos apícolas y regular instalaciones como los gallineros tradicionales.

La Asociación San Julián de Somió presenta alegaciones para que varias parcelas con sentencias a su favor no sigan constando en los planos como «unidad de expropiación» y la Coordinadora Ecoloxista señala que «no tiene sentido prever miles de nuevas viviendas».

Publicado en El Comercio el 27 de mayo de 2016