ANULADO el Plan Urbanístico de Gijón


GIJÓN
El TSJA anula el Plan Urbanístico de Gijón 
Carmen Moriyón asegura que "Gijón está en una situación de extrema gravedad" y que el Ayuntamiento estudiará si recurre o no la sentencia 
El 'Plan Sanjurjo', como fue bautizada la normativa en referencia al exconcejal de Urbanismo y ahora presidente de la Junta General, había recibido más de cuarenta recursos 

A. GONZÁLEZ / LAURA MAYORDOMO

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha vuelto a anular el Plan General de Ordenación de Gijón, aprobado por la anterior Corporación socialista en mayo de 2011, pocos días antes de las últimas elecciones municipales. Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa del municipio, Carmen Moriyón, ha asegurado que "Gijón se encuentra en una situación de extrema gravedad" y que el consistorio estudiará si recurre o no la sentencia.

El 'Plan Sanjurjo', como fue bautizada la normativa en referencia al exconcejal de Urbanismo y ahora presidente de la Junta General del Principado, el socialista Pedro Sanjurjo, había recibido 75 recursos en su momento de particulares y de diferentes organizaciones vecinales, después de que el anterior plan general, aprobado en 2005 durante el mandato igualmente de Paz Fernández Felgueroso, también había sido anulado por el TSJA. En este momento, tras el fallo, aún hay 45 casos que siguen pendientes de sentencia judicial.

El fallo del TSJA responde al recurso que había interpuesto el colectivo de Vega en defensa del medio rural y entre los fundamentos de derecho que argumenta la sentencia para anular el plan incluye el hecho de que el Ayuntamiento hubiera infringido los trámites de información pública preceptivos en la tramitación de la normativa.

El Plan Sanjurjo también había recibido otros recursos de afectados, entre ellos la Federación de Asociaciones de la Zona Rural Les Caseríes, las plataformas contra el circuito de Sotiello y el Muro de Cabueñes, los vecinos de El Muselín y los propietarios de la colonia de El Pisón. Todos ellos consideraban que el documento nuevamente contravenía la legalidad y estaban dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias la defensa judicial de sus intereses.

La Federación Les Caseríes y algunas parroquias gijonesas por separado incidían en sus demandas en «los errores» detectados en el plan, como consecuencia de «las prisas y la precipitación» con que se aprobó la nueva la normativa urbanística del concejo. Un plan general que completó su compleja tramitación en poco más de año y medio, una vez que el documento anterior hubiera sido tumbado por el Tribunal Superior.

La asociación de El Muselín, surgida precisamente para combatir los designios del PGO para el barrio, inició su particular batalla legal para evitar lo que consideraba «el expolio» de sus casas. Los propietarios de El Pisón recurrieron la normativa por la cesión municipal de terrenos a la Confederación Hidrográfica para construir la depuradora del Este. Unos terrenos que en su momento la colonia de chalés transfirió al Ayuntamiento para su uso como parque público.

Los vecinos de Sotiello se opusieron al nuevo PGO por el proyecto de Somonte Alto, un nuevo ámbito de desarrollo industrial orientado a la mecánica y el motor. Denunciaron que con las recalificaciones previstas en esos suelos se incurría en una irregularidad para dar cobertura urbanística al circuito de velocidad de la zona, un equipamiento a medio construir capitaneado por el empresario Rafael Riva que lleva seis años bloqueado.

La Plataforma contra el Muro de Cabueñes, por su parte, llegó a anunciar que presentaría una demanda que iría más allá de fundamentar el rechazo al plan parcial que le dio origen.

Según el fallo, el Ayuntamiento tiene 10 días para recurrir ante el Supremo.


Publicado en El Comercio el 1 de marzo de 2013