El Ayuntamiento que escoja bando

ANÁLISIS
Los culpables 

PEDRO HERRERO


PRIMERO: El gobierno local. Delante de sus ojos, por más de 17 años, se han producido manejos que involucraban a funcionarios de alto nivel ¿Es Ovidio Blanco el único? No es suficiente con tirar balones fuera a la fiscalía. Tendrá que haber responsables municipales investigando, ya que entre lo penal y lo corrupto hay un trecho largo.

Segundo: Una oposición inactiva y sin iniciativa, a la que la situación parece venir grande. Que clama por una comisión de investigación (recurso de vagos), y que ahora, cuando no quiso o no se interesó en el pasado, pide que le dejen hecha la faena. La oposición debe fiscalizar la acción política, esa es su labor, para eso cobra y tiene asesores. Que busquen información pública nueva en los registros de la propiedad.

Tercero: Usted y yo. Sí. Ciudadanos de memoria frágil. Miembros de una sociedad desanimada que da manga ancha a sus mediocres responsables públicos. Lectores de una prensa deteriorada que rehúye la crítica y el riesgo. Hemos generado una clase política sin honor, de piel fina y nulo sentido de la responsabilidad.

El Ayuntamiento tiembla porque los actos nulos no prescriben ni pueden ser sanados. Si el arquitecto cometió alguna irregularidad es posible la anulación retroactiva de las actuaciones en que tomo parte. Es decir, tumbar el plan entero. Escribió Betham «las críticas a los hombres públicos son útiles, incluso cuando son injustas».
Los socialistas que atacan la patrimonialista concepción del gobierno vasco del PNV no la observan en Gijón. Estos tristes manejos siempre germinan en el ejercicio del poder ininterrumpido. Defender la legalidad de estos actos, es defender indirectamente a Ovidio Blanco.
El Ayuntamiento que escoja bando, o con los ciudadanos o que no estorbe. Se lo exigimos. Nos lo debe.


Publicado en El Comercio el 21 de marzo de 2009

nosotros no tiramos la toalla

GIJÓN
Los sindicatos exigen mantener el suelo industrial del PGO para firmar el pacto social 
La Plataforma de Cabueñes insiste en que el plan urbano de la parroquia aún se puede modificar 

O. ESTEBAN 

La firma del futuro pacto social de la ciudad, ahora en plena negociación entre Ayuntamiento, Fade y sindicatos, pasará en gran medida por las previsiones de reserva de suelo industrial. Así lo indican los sindicatos, firmes en su defensa de cada metro cuadrado calificado en la ciudad para este fin. CC OO y UGT advierten al equipo de gobierno de que no aceptarán ninguna recalificación del suelo industrial reservado en el actual Plan General de Ordenación. «No vamos a permitir pelotazos ni recalificaciones». «Nos oponemos a cualquier modificación respecto al suelo industrial». Son las frases, contundentes, utilizadas ayer por los portavoces de ambos sindicatos, los mismos que están participando en las negociaciones del pacto social.

Esta es la respuesta a la intención del equipo de gobierno, adelantada ayer por EL COMERCIO, de eliminar el suelo industrial previsto en el plan especial Gijón Fabril, en la avenida del Príncipe de Asturias. El PGO recoge que en este área de 27.820 metros cuadrados, ahora ocupados por naves, se levantarían unas 240 viviendas (un 30% con algún tipo de protección), pero se reservaba un 30% del suelo para usos industriales. Ahora, el gobierno local de Foro Asturias plantea destinarlo todo a uso residencial y terciario, entre otras cosas para «garantizar el pago de las infraestructuras que el desarrollo del ámbito precisa».

No ha sentado demasiado bien el anuncio, en plena negociación del pacto social, más aún teniendo en cuenta que en la última reunión se empezó a hablar precisamente de esto, de suelo industrial. Roque Galcerán, de CC OO, es contundente: «El debate del Plan General ya se cerró. Y si lo quieren volver a abrir, habrá que hacerlo en toda su extensión. Ya hemos advertido al equipo de gobierno de que, para nosotros, el pacto social tiene que recoger el mantenimiento de todo el suelo industrial, prioritariamente Mina La Camocha y Naval Gijón». Y de ahí no se van a mover.
Es más, ni siquiera se plantea la posibilidad de que la nueva concertación social, que todas las partes tenían intención de firmar antes de fin de año, pueda salir adelante sin recoger un capítulo explícito sobre suelo industrial. «Eso no se contempla», afirma tajante René Fernández, de UGT, quien adelanta que la postura del sindicato en la negociación será no aceptar ninguna modificación del suelo reservado para actividad industrial.

Respecto al caso de Gijón Fabril, UGT solicitará esta semana al equipo de gobierno más información, básicamente para saber si el área industrial que se elimina de Príncipe de Asturias se permutará por otra zona de similares dimensiones en el concejo. En cualquier caso, UGT pide «no hacer populismo con el suelo». Precisamente es la misma palabra que utilizó UPyD para criticar los «intereses especulativos» que, a su juicio, tiene Foro.
El equipo de gobierno ha transmitido a las organizaciones sindicales que el suelo industrial disponible es suficiente para atender la demanda de los próximos cuatro años, debido al descenso de este mercado, igual que el de suelo residencial. Pero los sindicatos defienden que es necesario hacer una previsión a más largo plazo, para que no exista nunca la posibilidad de quedarse sin suelo ante la demanda empresarial y que eso pudiera suponer la pérdida de inversiones.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos de La Calzada, Teresa Prada, pone en duda la necesidad de realizar cambios en el plan Gijón Fabril. «En esta época no va a haber demanda ni para el suelo industrial ni para el residencial. Lo que más nos preocupa es el soterramiento de las vías. Lo demás me da la sensación de que es hablar por hablar».

Hasta aquí el suelo industrial. Porque el principal cambio que el equipo de gobierno quiere introducir en el PGO es facilitar una mayor edificabilidad en la zona rural, mientras que rechaza introducir cambios en los nuevos suelos urbanizables, esto es, en los grandes proyectos de Cabueñes, Granda, Infanzón... La decisión tampoco ha sentado demasiado bien en la primera parroquia, donde la activa plataforma que se opone a la construcción del 'muro de Cabueñes' se reunirá para tratar concretamente esta cuestión.

Su portavoz, Francisco Cadórniga, recordó que el tema está aún pendiente de un contencioso administrativo, por lo que «nosotros -dice- no tiramos la toalla». Defienden que se pueden introducir cambios en el planeamiento sin pagar indemnizaciones a los promotores, ya que el plan no estaba aprobado de forma definitiva y, por tanto, no se ha tramitado ninguna licencia.


Publicado en El Comercio el 8 de noviembre de 2011

70 demandas contra el Plan General

GIJÓN
El Ayuntamiento ha recibido ya 70 demandas contra el Plan General
Les Caseríes, Vega, La Pedrera, El Muselín y la plataforma de Cabueñes encabezan los recursos de los colectivos

M. MORO | GIJÓN.


El Ayuntamiento ha recibido ya la notificación de 70 demandas presentadas en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el vigente Plan General de Ordenación (PGO).
Los recurrentes son particulares y colectivos que se sienten perjudicados por la ordenación territorial aprobada en mayo por PSOE e IU, justo antes de las elecciones municipales.
Los servicios jurídicos municipales aseguran que la cifra de recursos interpuestos aún no está cerrada y podría seguir aumentando en las próximas semanas.

De los promovidos por colectivos destacan los pleitos anunciados por la Asociación de Vecinos San Emiliano de Vega, la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón 'Les Caseríes', la Asociación de Vecinos 'El Muselín Vivo', el Colectivo de Vega en defensa del medio rural y la Asociación de Vecinos de San Andrés de La Pedrera. Los propietarios de la colonia de El Pisón y los vecinos que se oponen al circuito de velocidad de Sotiello también forman parte del frente contra la herramienta de planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.

Los demandantes consideran que nuevamente se vulnera la legalidad y están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias la defensa judicial de sus intereses. Además, están espoleados por el precedente de la anulación judicial que tumbó el Plan General de 2005 por defectos procedimentales.

Meses para ser efectivos

Los recursos contencioso administrativos tardarán aún meses en hacerse efectivos. Una vez admitidos a trámite por el tribunal, el TSJA requerirá a la Administración demandada, en este caso el Consistorio, el expediente del PGO. Con ese expediente en su poder, los recurrentes tendrán un plazo legal para argumentar la demanda, donde particulares y colectivos ciudadanos deberán detallar las supuestas irregularidades que, según su punto de vista, contravienen la legalidad.

El nuevo equipo de gobierno de Foro ha ofrecido diálogo y revisiones puntuales a los descontentos con el Plan General, pero aún no ha explicado cómo va a marcar distancias con una norma a la que tiene que ceñirse para desarrollar cualquier proyecto urbanístico. Y ello, en el momento de mayor atonía del sector de la construcción en 60 años, según reconocen los propios promotores locales.

Si los concejales de Foro aceptan, con el apoyo del PP, la ampliación de los núcleos rurales vetada por los socialistas cuando gobernaban lograrían desactivar la mayoría de los recursos individuales contra el nuevo PGO procedentes del área periurbana. No en vano, de las 1.510 alegaciones que recibió el actual planeamiento urbanístico, 800 fueron rechazadas porque pedían modificar usos y aprovechamientos en suelos calificados como no urbanizables e incorporar sus fincas a núcleos rurales.



Publicado en El Comercio el 5 de octubre de 2011

Verano de 2003

OPINIÓN
Verano de 2003

JOSÉ MANUEL BALBUENA

HABÍA interés por conocer las declaraciones de Luis Felipe Teixidor. A la postre, fue el arquitecto redactor de la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tanta polémica ha traído. Y era interesante porque, no lo olviden, las graves imputaciones de las que estamos hablando -cohecho, uso de información privilegiada y trato de favores- constituyen la trilogía que tantas veces hemos visto en los casos de corrupción urbanística. Por tanto, conocer si el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento tuvo participación o influyó en la modificación que luego le reportaría una plusvalía sustancial, repito, tenía su miga.

Sin embargo, las declaraciones de Teixidor no fueron en este sentido. Recalcó que el plan lo hizo él y que Ovidio Blanco sólo llevaba la zona urbana. Además, vino a señalar que para la zona rural la toma de decisiones fue política, puesto que fueron tomadas por tres miembros del equipo de gobierno (la alcaldesa, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo).
Queda claro pues, según las manifestaciones de Teixidor, que Blanco no tuvo nada que ver en la recalificación del suelo desde el punto de vista urbanístico.
Ahora bien, para las acciones populares dejó una sombra de duda en cuanto a fechas sobre la información. Según el redactor del PGOU ya se conocía en firme los criterios que iban a regir en el plan hacia el verano de 2003. Cosa que, obviamente, no era ni mucho menos pública.
Ovidio Blanco volvió a comprar la finca en julio de 2004. Aparentemente, por tanto, cuando lo hizo, disponía de buena información sobre la nueva calificación.


Publicado en El Comercio el 3 de octubre de 2009

La lucha continúa

SOS Cabueñes recalca que pese al archivo de la causa contra Blanco el contencioso contra el Plan Parcial continúa


La Plataforma contra del Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha llamado este miércoles la atención sobre supuestos 'errores' en los que cae el Auto de la Sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias (Gijón) por el que se archiva el llamado caso 'Blanco' y resalta que, pese al sobreseimiento de esta causa, continúa abierto el proceso contencioso-administrativo contra el Plan Parcial de Cabueñes.
"La lucha continúa", afirma el colectivo vecinal a través de un comunicado.

El caso responde a la denuncia de SOS Cabueñes contra el ex arquitecto jefe de Gijón, Ovidio Blanco, por tres supuestos delitos, cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, al obtener unas plusvalías de 600.000 euros por la compra-venta de una parcela en el ámbito del Plan Parcial de Cabueñes, desarrollo urbanístico contra el que también lucha la plataforma vecinal. La causa fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón y ahora la Audiencia ratifica esta decisión.

En cuanto a los supuestos 'errores', SOS Cabueñes hace hincapié en que cuando se razona la prescripción del delito de cohecho impropio, se dice que la segunda venta fue en 1994, cuando la fecha real es en 2004, además de no haber sido siquiera la última transacción de la finca.

Respecto al delito de cohecho propio, remarca el que se diga que "el imputado no tenía influencia, ni control ni intervención alguna sobre los trabajos efectuados por los técnicos" de la empresa contratada, cuando era la Jefatura de Servicio en la que estaba el imputado la que dirigía realmente el trabajo.

También muestra su sorpresa sobre que aún reconociendo la posibilidad de que el imputado usara información privilegiada sobre la recalificación de la parcela, se sostenga que el delito esté prescrito al haberse formulado la denuncia en 2009, sin considerar que la consumación del mismo fue cuando obtuvo la ganancia de la plusvalía en 2006.

Además, se queja de que el Auto afirme que no se puede demostrar el tráfico de influencias y recalque que no existía relación de ningún orden entre la empresa consultora y el imputado, cuando una de sus funciones era el "emitir preceptivamente informe técnico sobre todos los expedientes que se tramiten relativos a la aprobación o modificación de figuras de planeamiento de todo tipo y escala, desde planeamiento general hasta estudios de detalle y actuaciones aisladas en suelo urbano", según el Manual de funciones municipal.

Por todo ello, SOS Cabueñes lamenta que el Auto no hubiese profundizado más en todas las pruebas documentales, periciales y testificales y adelanta que harán un mayor esfuerzo de obtención de nuevas pruebas que acrediten todavía con mayor rigor la comisión de los hechos delictivos por parte de los denunciados en este procedimiento.


Publicado en El Comercio el 5 de octubre de 2011

El Ayuntamiento debería recapacitar

Los detractores del Plan General de Gijón creen que el fallo sobre Llanes avala su contencioso 
Varios colectivos de la zona rural de la Villa de Jovellanos celebran como propio el triunfo de Avall y piden a los dirigentes locales que recapaciten

Gijón, Miriam SUÁREZ 

La sentencia sobre el plan parcial de La Talá ha tenido repercusión directa sobre la zona rural gijonesa. Colectivos como la Plataforma Ciudadana de Cabueñes ya se han reunido, incluso, para tratar de sacarle jugo a un fallo judicial que «nos reafirma en nuestro propio contencioso».
Los planes generales de Gijón y Llanes han corrido la misma suerte: fueron invalidados varias veces; las sentencias, en ambos casos, se recurrieron ante el Supremo, y, a falta de un pronunciamiento definitivo, los dos ayuntamientos aseguraron que el PGO anulado se mantenía vigente. La última sentencia desmonta esa teoría. En ella, se reprueba al Ayuntamiento llanisco por continuar con la tramitación de proyectos, como el de La Talá, que se derivan de un plan declarado nulo.

«No puede prescindirse sin más de la nulidad declarada», sentencia la Sala de lo Contencioso. Los vecinos de Cabueñes, que luchan contra un plan parcial de 600 viviendas que afecta a la parroquia, llevaban ayer [7-5-2010] a su terreno la advertencia del TSJA.
«Gijón lleva el mismo camino que Llanes. El Ayuntamiento debería recapacitar», avisan.
Toda la zona rural, y no sólo Cabueñes, siente como propio el triunfo de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) en La Talá. Desde que se hizo pública la primera sentencia anulatoria del PGO gijonés, se le ha exigido al Ayuntamiento que paralice el desarrollo urbanístico de la ciudad. El equipo de gobierno optó por revisar su Plan General para no incurrir en ningún tipo de inseguridad jurídica, pero insistiendo siempre en que las actuaciones parciales ya aprobadas «siguen adelante». «Ni hay seguridad jurídica ni es legal desarrollar los planes parciales de un PGO anulado. Ya se lo dijimos al Ayuntamiento en su día y se lo repetimos ahora», recalcó el abogado de la federación vecinal Les Caseríes.

Los portavoces de la zona rural consideran que la sentencia de La Talá sienta un precedente jurídico que les beneficia en sus reivindicaciones. Algunas parroquias, de hecho, no descartan «meterle el diente» al nuevo PGO que prepara el Ayuntamiento, amparándose en los criterios del último fallo del TSJA.

La revisión del planeamiento urbanístico gijonés parte de un documento de prioridades en el que se plantean tres posibles alternativas de expansión urbana. La opción 0 supone dejar el concejo tal cual está. Sin embargo, precisan los vecinos, «el Ayuntamiento incorpora a esa opción nuevos planes como el de Castiello de Bernueces».

La Plataforma de Cabueñes ya ha pedido públicamente al Ayuntamiento de Gijón que retorne al punto de partida al considerar que «el proceso nace viciado». El procedimiento de revisión se inició en enero. Durante un período de cuarenta días, la concejalía de Urbanismo sometió el documento de prioridades a información pública. Además de la alternativa 0 se propusieron otras dos posibilidades de crecimiento residencial: uno generaría 17.200 viviendas y el otro 24.200. Prácticamente todas las parroquias del concejo se opusieron al documento, que recibió más de 1.700 sugerencias y alegaciones durante su exposición pública.


Publicado en La Nueva España el 8 de mayo de 2010

El impacto visual condiciona el plan

La revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad

El impacto visual condiciona el plan 

La ley estatal del Suelo prohíbe la «situación, masa y altura de edificios» que limiten la visión «de las bellezas naturales o rompan y desfiguren la armonía y perspectiva del paisaje» 

J. MORÁN 

La «situación, masa y la altura de los edificios» que establezca el futuro Plan General de Gijón -cuyo documento de prioridades se halla desde el lunes  [3 de enero de 2011] en información pública- no deberán limitar «el campo visual de las bellezas naturales», ni romper «la armonía del paisaje» ni desfigurar «la perspectiva propia del mismo».

Este severo precepto está contenido en el artículo 10 de la ley estatal del Suelo (de junio de 2008), uno de los textos legales en los que ha de basarse el Plan General de Ordenación (PGO) cuya tramitación ha iniciado el Consistorio gijonés. La preocupación por el medio ambiente es una de las notas distintivas de esta ley alumbrada por el Gobierno de Zapatero, y el citado artículo pretende con claridad atajar desmanes urbanizadores y edificatorios repartidos por toda España, y principalmente en el litoral mediterráneo.

Pero las leyes no sirven sólo para un territorio, sino para todo el país. Por ello, el alcance del artículo 10 resulta incalculable, pues pone en manos de los jueces los argumentos legales para condenar planeamientos o ejecuciones urbanísticas lesivas para el medio ambiente.

En el caso de Gijón, una de las actuaciones más contestadas por el vecindario ha sido la del plan de Cabueñes, definida como «el Muro» por los integrantes del colectivo que ha presentado diversos recursos ante el Ayuntamiento contra el plan parcial de la zona. 
Al utilizar la palabra «muro», los recurrentes inciden precisamente en la ruptura paisajística de dicha operación.

El referido precepto de la ley estatal del Suelo afirma que «las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas». Y, particularmente, el artículo 10 señala ciertos lugares donde se ha de velar por el campo visual y la armonía del paisaje.

Son estos espacios «los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo; o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco». En todos ellos «no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo».

El citado documento de prioridades del PGO que el Ayuntamiento acaba de presentar a información pública no menciona este desafiante artículo de la ley. Sí hace referencia -en el apartado «Diseñar una ciudad sostenible»- al «artículo 2.2» de la misma ley (real decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Suelo). Ese artículo 2.2 habla en términos más genéricos y blandos del «uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación».

Publicado en La Nueva España el 7 de enero de 2010

Un servidor público

GIJÓN

Un servidor público

ENRIQUE F. GARRIDO
Una vez resuelta en vía judicial la culpabilidad o inocencia del ex arquitecto municipal (el llamado 'caso Blanco'), al común de los ciudadanos nos pueden quedar dos sensaciones extrañas. Lo primero es que, a todos los efectos, la persona no ha delinquido pero ha sufrido el desprestigio social que supone colocarse bajo los focos de la opinión pública. Parece necesaria una disculpa. Lo segundo es que, a todos los efectos, ha realizado una operación económica muy jugosa desde un conocimiento de las reglas de juego y una posición de servidor público, en activo o en la reserva eso es lo de menos. Parece necesario un reproche. Centrándome en esta segunda sensación, creo que limitar la compatibilidad del servidor público en ámbitos privados es determinante para que España sea más Europa, esa que camina con paso firme y economía dinámica.

La compraventa de solares por entidades lucrativas o por particulares con ánimo de lucro está permitida en una economía de libre mercado. ¿Debemos considerar al señor Blanco un particular con ánimo de lucro? ¿Dónde comienza y termina la libertad mercantil del señor Blanco?

Cuando una persona trabaja en el ámbito público su nivel de exigencia debe estar por encima del resto de los ciudadanos. Si un juez no puede ser gerente de empresa un arquitecto municipal no debería ejercer el negocio inmobiliario. La garantía del puesto público, su responsabilidad y dedicación tiene ser absolutamente incompatible con cualquier actividad mercantil en la esfera privada. Si al señor Blanco no le podemos calificar como delincuente sí le podemos calificar como un mal servidor público. Su salario está garantizado y el negocio tenemos que dejárselo a otros, por ejemplo a los que están parados y necesitan ocupación.


Publicado en El Comercio el 31 de marzo de 2011

El «Muro de Cabueñes» recurre el PGO de Gijón que fue aprobado en mayo

ASTURIAS
Particulares y colectivos recurren el PGO de Gijón que fue aprobado en mayo
Las asociaciones vecinales y plataformas esperan que el nuevo gobierno local de Foro Asturias revise sus casos 

MARCOS MORO | GIJÓN.

La nueva normativa urbanística del municipio vuelve a ser cuestionada en los tribunales cuando se cumplen dos años de la anulación judicial que tumbó el Plan General de 2005. Particulares y colectivos que se sienten perjudicados por la ordenación territorial aprobada en mayo, justo antes de las elecciones, han presentado decenas de recursos para frenar la herramienta de planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.

Los recurrentes consideran que nuevamente se contraviene la legalidad y están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias la defensa judicial de sus intereses. No obstante, muchos de ellos reconocen también que esperan que el nuevo gobierno municipal de Foro Asturias «mueva ficha» y revise sus casos en los meses de litigio que quedan por delante hasta que se fundamenten todas las demandas.

Entre los colectivos posicionados contra el que ya se empieza a denominar 'Plan Sanjurjo' - por la autoría política del exedil de Urbanismo socialista- se encuentran, entre otros, la Federación de Asociaciones de la Zona Rural Les Caseríes, la asociación San Emiliano de Vega, las plataformas contra el circuito de Sotiello y el Muro de Cabueñes, los vecinos de El Muselín y los propietarios de la colonia de El Pisón.

El plazo para anunciar la interposición de recursos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) concluyó el pasado día 21. El Ayuntamiento ha empezado a recibir en su registro un goteo casi diario de notificaciones judiciales sobre los litigios que se han puesto en marcha contra el Plan General. Los servicios jurídicos municipales han cuantificado ya al menos una quincena de demandas presentadas, pero estiman que hasta bien entrado septiembre no se podrá cerrar el recuento definitivo de recurrentes con un número que se espera que sea muy superior.

Los diferentes demandantes deben incluir sus motivaciones en el escrito de anuncio de interposición a la espera de conocer si sus recursos son definitivamente admitidos a trámite por el tribunal. A partir de ahí el TSJA requerirá a la Administración demandada, en este caso el Consistorio, el expediente del PGO.

Con ese expediente en su poder, los recurrentes tendrán varias semanas por delante para presentar el grueso de la demanda, donde particulares y colectivos ciudadanos deberán detallar las supuestas irregularidades que, según su punto de vista, contravienen la legalidad.

La Federación Les Caseríes y algunas parroquias gijonesas, entre otros, incidirán en «los errores» detectados, consecuencia de «la precipitación» con que se aprobó la nueva normativa urbanística.


Publicado en El Comercio el 31 de julio de 2011

SOS Cabueñes insiste en su recurso en la culpabilidad de Blanco y en que los delitos no han prescrito

GIJÓN
SOS Cabueñes insiste en su recurso en la culpabilidad de Blanco y en que los delitos no han prescrito


La Plataforma contra el Muro de Cabueñes, 'SOS Cabueñes', señala en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial que existen indicios "más que suficientes" de que el ex arquitecto jefe municipal Ovidio Blanco pudo incurrir en tres delitos penales, tal como sostiene el colectivo, como para continuar con la instrucción, por lo que solicita al tribunal que revoque el auto del Juzgado número 5 de Instrucción de Gijón, en el que se dictó el sobreseimiento del caso.

En el recurso presentado al que ha tenido acceso Europa Press, se reitera que los delitos no han prescrito, al contrario que el PP, que retiró el recurso de apelación que había presentado al considerar que los posibles delitos, de existir, estaban prescritos.

En el documento del colectivo vecinal, se señala que, en lo que se refiere al delito de cohecho, cuando le fue "devuelta" la finca a Blanco, este era aún funcionario público, aunque en excedencia, por lo que le siguen afectando las normas especiales de los funcionarios públicos.

No obstante, se remarca que cuando se gestó que dicha parcela pasase a ser de su titularidad, aún era funcionario público en el ejercicio de su cargo. De hecho, el colectivo duda de que fuera una compraventa, salvo que fuera "simulada", ya que adquirió una finca de 2.491,91 metros cuadrados, según el arquitecto por 7.513 euros, aunque no pudo acreditar haber pagado tal cantidad.

En el caso de que así fuera, SOS Cabueñes apunta que el precio al que se adquirió, 3,01 euros por metro cuadrado, fue inferior al de compra por parte de Hoyant. "Parece claramente haber sido el pago de los servicios que prestó el imputado para que Hoyant adquiriese una finca enclavada a continuación de las fincas municipales recién adquiridas, y posteriormente su recalificación urbanística", apunta el colectivo, quien le atribuye cometer el delito del artículo 420 del Código Penal.

Respecto al delito de información privilegiada, para la Plataforma es "evidente", ya que el ex arquitecto jefe conocía la adquisición de las parcelas por el Ayuntamiento de Gijón, que no fue público, sino también por haber informado de esto a Hoyant que, según el colectivo, le recompensó con la parcela segregada. En este caso, consideran que es constitutivo de un delito tipificado en el  artículo 442 del Código Penal.

A esto, la Plataforma añade que pese a ser cierta la publicación de los trámites de la aprobación del PGOU en sus distintas fases, opinan que antes de solicitar la excedencia, y antes de publicarse la Información Publica Previa, el imputado ya sabía que la finca que le devolvería Hoyant estaba en la zona a recalificar.

De hecho, sospechan que el imputado pudo ser quien hubiese obtenido el plano que se exhibió en dicha fase de la documentación de la Aprobación inicial, "garantizando con ello que no se realizaban modificaciones sobre la misma". En este sentido, remarcan que estas actuaciones fueron previas a la publicación en el BOPA, por lo que son incardinables en la conducta del artículo 442 del Código Penal.

Sobre el tercer delito que se le imputa, el tráfico de influencias, se remiten a lo ya expuesto con los dos anteriores e inciden en que dentro de las funciones del Jefe de Urbanismo está la dirección y supervisión de todos los trabajos relativos a las modificaciones urbanísticas.

Unido a ello, recalcan que se contrató a Pau Lander SL -del arquitecto Luis Felipe Teixidor-- para realizar la redacción de un PGOU de una ciudad como Gijón, sin conocerla, por lo que, a juicio del colectivo vecinal, "como cualquier otro arrendamiento de servicios el contratado sigue las indicaciones que le da el cliente, en este caso el Ayuntamiento de Gijón, por dos vías, una la política y la otra la técnica, en este caso, el imputado".

Es por ello, que ven imposible dar por cierta la alegación de que el imputado no realizó ningún tipo de sugerencia o indicación a Pau Lander. SOS Cabueñes atribuye además a Blanco el haber excluido a Ramón Fernández-Rañada -redactor del anterior planeamiento previo al de Teixidor-- del concurso, el cual era contrario a hacer urbanizables esas fincas en Cabueñes.

En el escrito, también se indica que la urbanización de Cabueñes, así como la elección de la entidad Pau Lander, "ha sido previamente planificada por el imputado, o en unión de otras personas,  lejos de la 'suerte' alegada por la defensa en la operación inmobiliaria". "Más que casualidad se trata de una causalidad buscada y perfectamente urdida y entramada", se añade.

A este respecto, se explica que después de que el Ayuntamiento adquiriera la finca en Cabueñes en junio de 1991, en diciembre de ese mismo año Hoyant compra una que linda por el Sur con la citada parcela.

Para la Plataforma, "parece más lógico que pensar que se adquirió a sabiendas de la previa inversión municipal, y con ese propósito de obtener ese enriquecimiento rápido en uso de una información de la que pocos eran conocedores, que lógicamente debió provenir del imputado, que también luego se lucró con una pingüe cantidad de dinero".


Publicado en EuropaPress el 12 de julio de 2011

SOS Cabueñes trabaja en el contencioso contra el PGO

´SOS Cabueñes´ trabaja en el contencioso contra el PGO
La Plataforma contra el Muro de Cabueñes debe presentar los escritos antes del día 21 de este mes

La Plataforma contra el Muro de Cabueñes 'SOS Cabueñes' ha confirmado a Europa Press que está preparando ya el anuncio de la interposición del contencioso-administrativo contra la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), que debe ser presentado antes del 21 de este mes [julio 2011], tras haber sido publicado el planeamiento urbanístico en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 20 de mayo.

Una vez presentado el anuncio del contencioso, el juzgado pedirá al Ayuntamiento que traslade el expediente del PGO para que se pueda presentar la demanda formalmente con las argumentaciones correspondientes.

Con posterioridad, debe darse traslado a las partes implicadas en el proceso y a las que hayan presentado también un contencioso, si hubiera, para que opinen sobre las argumentaciones de los demás, tras lo que se presentan las conclusiones. Según fuentes de la Plataforma, desde la presentación del anuncio a la primera sentencia, podrían llegar a pasar tres años o más.

La estimación se basa en lo ocurrido con la nulidad del anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), más conocido como 'Plan Teixidor'. En su día, se presentó el contencioso contra la aprobación definitiva del Plan de febrero de 2006 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la que se decretó su nulidad es de julio de 2009, unos tres años y medio. Cabe recordar que esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo por la anterior Corporación municipal y pendiente de resolución.

La Plataforma, aunque aún se encuentra elaborando el documento, tiene claro que no va a centrarse exclusivamente en el Plan Parcial de Cabueñes, sino que el contencioso que va a presentar tendrá un concepto "global". Al de 'SOS Cabueñes' es posible que se unan los contenciosos de otros colectivos, que habían anunciado este intención tras la aprobación del PGO.


Publicado en La Nueva España el 10 de julio de 2011

Forma, fondo y paisaje

GIJÓN
Forma, fondo y paisaje

RAMÓN AVELLO

«Gijón sabe a verano», se lee en la portada, ilustrada con una fotografía del puerto deportivo -en primer plano el escanciado de la sidra- desde la Cuesta del Cholo. En el interior de la revista, varias páginas centrales, con texto de Silvia G. Artiga y fotos de Pablo Saravia, animan al viajero a visitar Gijón. En toda promoción de la ciudad siempre hay una serie de constantes, como son la gastronomía, la variedad de sus museos, las diferentes propuestas de ocio y diversión, el paisaje urbano y también la valoración y cercanía del paisaje rural del concejo de Gijón, a cuatro pasos de la ciudad. Como escribió Gerardo Diego, Gijón es una ciudad que es paisaje. Un paisaje que, aunque no sea inalterable, se debería preservar en su esencia.

Estoy fuera de Asturias, por lo que desconozco los entresijos de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Desde el Ayuntamiento, se recuerda que el varapalo judicial es una cuestión de formas, de procedimientos. Algo así como si se hubiesen entregado los papeles en una ventanilla equivocada. Se tramitaron las novedades del Plan, elaboradas, me imagino que al menos en parte, por el estudio de Felipe Teixidor como una modificación o adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y no como una revisión en profundidad del mismo. La modificación no requería, según parece, el estudio previo de impacto ambiental, por lo que planes parciales tan cuestionables como el Plan de Cabueñes, que tiene a toda la parroquia en guerra, carecían de este estudio y se introducían como de tapadillo en el futuro urbanístico de la ciudad. La cuestión formal, según la versión del gobierno municipal, no afecta al contenido de lo que se proyecta edificar. Corregido el procedimiento, estos proyectos continuarían en marcha.

Tal vez legalmente sea, como defiende la Alcaldía, cosa de forma, pero es indudable que también hay una cuestión real de fondo, mucho más importante y trascendental que estos formalismos.
Si yo escribo, tal como escribí hace un tiempo cuando estalló el 'caso Ovidio Blanco', que el Plan de Cabueñes es una «bestialidad, una barbaridad», que fagocita y traga una parroquia que por su relativa distancia a Gijón se mantiene como una zona de baja densidad, mi opinión puede tener la levedad del peso de aquel Don Hilarión de 'La Verbena de la Paloma', de donde se extraen los adjetivos de bestialidad y barbaridad.
Si uno de estos adjetivos lo emplea un arquitecto, Rañada, redactor del PGOU, para cuestionar el futuro urbanístico de Cabueñes («el Plan de Cabueñes es una bestialidad», declaró no hace mucho Rañada a EL COMERCIO), me imagino que para el arquitecto, como para miles de ciudadanos de Gijón, el Muro de Cabueñes contradecía la recuperación de La Fontica, los campos de golf de La Llorea y El Tragamón, el Botánico, La Carbayera del Tragamón, la ruta de Peñafrancia y todas aquellas actuaciones públicas que hacen de Cabueñes el pulmón verde de Gijón.

El rechazo a las modificaciones del PGOU no es cuestión de forma, sino cuestión de fondo y de paisaje. Por otra parte, estoy convencido de que los responsables políticos de Urbanismo -antes Morales, ahora Sanjurjo- no han metido la mano, pero sí, y con cierta contumacia, la pata.

La portada del número de julio de 'Paisajes desde el tren', revista mensual, con una tirada de 210.482 ejemplares, y que Renfe reparte entre, por lo menos, sus viajeros del AVE, está dedicada a Gijón.

Publicado en El Comercio el 9 de julio de 2009

La sentencia del contencioso podría llegar a finales de año

GIJÓN

La sentencia del contencioso podría llegar a finales de año 
La defensa de la plataforma vecinal presentará esta misma semana su escrito de conclusiones

O. E.

Cuando, hace ahora dos años, estalló el 'caso Blanco', la plataforma vecinal contra el Muro de Cabueñes optó por tomar dos vías judiciales. En primer lugar, el procedimiento penal, abierto tras la denuncia de la Fiscalía, en la que los vecinos y el PP se personaron como acusación particular y que ahora se ha cerrado de forma provisional. Y, por otro lado, el contencioso administrativo que perseguía el fin último del colectivo: paralizar el plan de Cabueñes.
El último movimiento en este sentido fue la declaración del propio Ovidio Blanco y de la arquitecta Camelia Coto, a principios de este mes de marzo, en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En estos momentos, el tribunal ha notificado al abogado de la plataforma el plazo del que dispone para presentar ya su escrito de conclusiones. Después llegará el momento en que lo presente el Ayuntamiento de Gijón, como demandado, así como los codemandados, toda una lista de promotores (la gallega Lomas-Barajas, la firma madrileña Reyal Urbis, Promociones Moro, Inmobiliaria Playa Gijón y la sociedad Beyos y Ponga Unipersonal del Grupo Cajastur). Las promotoras decidieron personarse en el contencioso, compartiendo abogado, para tratar de frenar las pretensiones de la plataforma.

La parte vecinal presentará su escrito, probablemente, esta misma semana. Después, está por ver si el tribunal da traslado a todas las partes codemandadas a la vez o les concede plazos correlativos para presentar sus respectivos escritos. De una u otra forma, cuando todas las partes los hayan presentado el caso quedará visto para sentencia.

Los vecinos han insistido desde el principio en que la tramitación de este plan parcial no es ajustada a la legalidad y que, entre otras cosas, el Ayuntamiento actuó como promotor, cuestión en la que insisten incluso en el recurso presentado ahora contra el auto de archivo de la causa penal.

A partir de ahora, aunque es evidente que en las tramitaciones judiciales no existen los plazos fijados, se espera que la resolución de este asunto pueda llegar entre finales de este año y principios de 2012. Lo que no se puede saber es cuánto puede tardar el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón en decidir si admite los recursos de reforma y subsidiarios de apelación ante la Audiencia y, por tanto, abre finalmente juicio oral contra Blanco o, por contra, como considera la defensa del arquitecto, los rechace y declarase el sobreseimiento definitivo de la causa.

Luis Tuero, abogado de Blanco, confía en que la decisión última del magistrado no se demore más de «uno o dos meses». Para llegar hasta el archivo provisional han sido necesarios casi dos años de diligencias, ya que la denuncia de Fiscalía fue presentada en el mes de junio de 2009.


Publicado en El Comercio el 31 de marzo de 2011

El «caso Ovidio Blanco»

Escándalos ficticios

El «caso Ovidio Blanco», las cuentas de la Cámara de Gijón, «Villa Magdalena» y otros sucedidos nada imaginarios

MARIBEL LUGILDE


«Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra», decía Simone de Beauvoir. En realidad, cuando una se hace al escándalo, este automáticamente deja de serlo, pasa a la categoría de rutina, se vuelve irrelevante y se camufla entre el resto de sucedidos de la vida. Ese es el gran peligro sobre el que alertaba la francesa. Ahora nos avisan de otro riesgo, el de los escándalos ficticios.

Esa fue la definición que Luis Tuero, abogado del ex arquitecto municipal Ovidio Blanco, hacía estos días del caso en el que se ha visto envuelto su defendido y que ha sido sobreseído provisionalmente en los tribunales, así como archivadas las imputaciones que pesaban sobre Blanco. Se quejaba Tuero de la instrumentalización política que el PP había hecho del asunto para perjudicar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y sembrar sospechas sobre la gestión urbanística municipal.

Tiene razón. En este país, en esta política y en estos medios de comunicación nuestros no vemos otra cosa que partidos políticos -o contrincantes políticos de una misma formación- sacando réditos a los comportamientos dudosos, con sentencia firme o en investigación, que degradan la imagen de su opositor.

Pero el hecho de que haya quien se aproveche de una conducta fronteriza ajena para perjudicar en varias direcciones y siempre en beneficio propio, o incluso el hecho de que un juez considere que los presuntos delitos asociados a esa conducta no aparezcan «suficientemente acreditados» y cierre el caso, no convierte un escándalo en algo ficticio, es decir, fingido, imaginario o falso.

De hecho, siguen siendo igual de contantes y sonantes y cotizan igual al cambio los 600.000 euros de beneficio que al parecer consiguió Blanco en sucesivas compraventas de un mismo terreno en Cabueñes, en coincidencia con su recalificación de rústico a edificable, poco después de abandonar sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Gijón.

Puede que sea impecablemente legal, un golpe de fortuna, una gracia del azar, una compensación del karma?, pero no es algo ficticio y tiene un rango de excepcionalidad francamente llamativo. Y conste que no quiero centrar mi reflexión en el «caso Blanco» porque justamente el ámbito urbanístico de muchas localidades de nuestro país nos ofrece ejemplos que son auténticos calcos. En un caso fueron penalizados por la justicia y en otros no, pero no por ello pasaron del reino de lo tangible a lo intangible.

Lo mismo ocurre con el millón de euros de déficit en las cuentas de 2010 de la Cámara de Comercio de Gijón, que hoy se someten a valoración para su aprobación por parte del pleno de la institución. Los auditores contratados por el Principado de Asturias, autoridad tutelante de las tres cámaras asturianas, no han encontrado objeción a las cuentas de 2009 que, según denuncian abiertamente los trabajadores -y barruntan para sí algunos plenarios- camuflaron 900.000 euros de pérdidas.

Pues yo no sé qué es peor escándalo, si perder dinero a espuertas en dos cómodos plazos o todo de una tacada. Y puede que los auditores no detecten irregularidad alguna en la presentación de balances y cuentas de resultados, pero el sentido común avisa de que algo no va bien, que ese «algo» está engordando y que no tiene nada de ficticio.

El «caso Riopedre», el del «Villa Magdalena» de Oviedo? Podrán finalmente no hallar delito, validar mil veces una forma de hacer, pero cuando algo nos chirría ya nos lo pueden presentar revisado, sellado y compulsado, y anunciar sobreseído y archivado, que no vamos a ver proporcional lo que siempre vimos desproporcionado.

Así que, por favor, no me pidan que me acostumbre al escándalo ni que piense que lo excepcional es fruto de la calenturienta imaginación colectiva. Si algo es blanco y va en botella, no creo que sea temerario sospechar que va a ser leche. Lo verdaderamente temerario es dejar de usar la lógica aplastante del sentido común que aún nos queda.


Publicado en La Nueva España el 31 de marzo de 2011

Los vecinos se oponen a la venta de la casona de Piñole

GIJÓN
Los vecinos de Cabueñes se oponen a la venta de la casona de Piñole

E. C.


La Asociación de Vecinos de Cabueñes-La Pontica ha hecho público un comunicado en el que muestra su «más rotundo rechazo a que la casona mariñana de Cabueñes legada al pueblo de Gijón por el ilustre pintor de nuestra ciudad Nicanor Piñole, con la condición que de fuese destinada a usos museísticos, sea subastada al mejor postor».

Los vecinos rechazan el principal de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Gijón para vender la finca, que no es otro, según el concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille, que «la casa no es accesible y no reúne las condiciones mínimas para convertirse en museo».
Según la asociación vecinal de Cabueñes, en dicha casona ya se han realizado distintas actividades museísticas y talleres organizados por el propio Ayuntamiento, además de actividades de verano para niños.

Uno de los problemas que denuncian los vecinos es que la actual Corporación municipal «ha incurrido en una injustificable dejadez de funciones durante todos los años transcurridos desde la donación, encontrándose actualmente este legado en el más absoluto abandono, lo que sin duda lo abocará a su inminente ruina».


Planes de urbanización

En su escrito, La Pontica califica de «sospechoso» que esta casona mariñana «se encuentre afectada por los planes de urbanización masiva que penden sobre Cabueñes».
Ante esta situación, recuerdan que ya denunciaron en su momento la destrucción o desaparición de un hórreo centenario ubicado junto al conjunto etnográfico de la Casería de Xico Piñera.

La asociación vecinal busca también la implicación del resto de los vecinos de Gijón en la defensa de la casona mariñana de Nicanor Piñole, por lo que invita a todos los ciudadanos a «conocer y valorar personalmente» el conjunto etnográfico, así como a exigir al equipo municipal saliente que desista de iniciar esa «venta al mejor postor».

Publicado en El Comercio el 8 de junio de 2011

Ovidio Blanco sigue imputado

GIJÓN
Ovidio Blanco solicita recuperar su plaza de funcionario en Urbanismo
El exarquitecto jefe municipal da el paso dos meses después del sobreseimiento del caso de las compraventas en Cabueñes

M. MORO

Ovidio Blanco ha solicitado el reingreso a su plaza de funcionario en los servicios municipales de Urbanismo después de una excedencia prolongada de más de siete años. El propio arquitecto confirmó ayer [27-5-2011] a EL COMERCIO que su instancia ya está presentada en el Ayuntamiento, aunque rehusó explicar los motivos que le han llevado a dar este paso. Una solicitud que llega después de las elecciones y justo dos meses después del sobreseimiento provisional de la causa judicial por las sucesivas compraventas de una finca en Cabueñes que le reportaron un lucro millonario.

La única traba que se interpone en este momento a la reincorporación de Blanco al Consistorio es el archivo disciplinario que se le abrió en el ámbito interno y que ha discurrido en paralelo al procedimiento judicial ahora archivado. No obstante, el sobreseimiento provisional de las imputaciones de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada podrían conducir al cierre, también sin consecuencias, de dicho expediente. Y ello a pesar de que la conducta del arquitecto, por sus transacciones en Cabueñes, fue duramente criticada y puesta en solfa tanto por la alcaldesa como por el concejal de Urbanismo en funciones en estos dos últimos años.

Ovidio Blanco tomó posesión de su plaza de arquitecto superior en el Ayuntamiento de Gijón en julio de 1979 tras aprobar una oposición. En 1992 pasó a ocupar la jefatura de los servicios técnicos municipales, cargo que desempeñó hasta el 1 de enero de 2004, fecha en la que pasa a la situación de excedencia voluntaria.

Fuera ya del Ayuntamiento compaginó un contrato de colaboración con Sogepsa con el trabajo en su propio estudio de arquitectura. Entre los proyectos que cayeron en su manos destaca el que le encargaron los promotores del plan parcial de Cabueñes. Los vecinos de la parroquia averiguaron que Blanco, además de firmar el diseño de la polémica actuación, tenía intereses en la zona recalificada como nuevo urbanizable con la entrada en vigor del Plan General de 2005. Un planeamiento que él mismo dejó encauzado en el Consistorio antes de dedicarse al ejercicio libre de su profesión. En concreto, el técnico era propietario de una parcela que adquirió por primera vez en 1992 y que formó parte de sucesivas operaciones de compraventa hasta que en 2006 Reyal Urbis, una de las promotoras mayoritarias de la operación en Cabueñes, le compró el terreno de forma definitiva por 600.000 euros.

Poco después se puso en marcha una investigación judicial que llevó al arquitecto a declarar como imputado en los juzgados de Poniente en agosto de 2009. La carrera del técnico quedó a partir de ese momento profundamente tocada hasta el punto de que tuvo que renunciar a su trabajo en Sogepsa y al frente de la operación urbanística en Cabueñes para construir 600 nuevas viviendas.

«Refugio ante la tormenta»

La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ejerció una de las acciones populares en la causa contra el arquitecto, valoró ayer la solicitud de Blanco como «una forma de buscar refugio ante la tormenta». Según este colectivo vecinal, «el Ayuntamiento no puede dar cobijo al técnico hasta que se resuelva por completo el expediente judicial en que está encausado». La plataforma tiene interpuestos recursos contra el auto de sobreseimiento provisional del juez Laborda y sostiene que «a todos los efectos Ovidio Blanco sigue imputado por su desempeño profesional en su etapa de arquitecto jefe municipal». Por ese motivo, confía en que «no se cierre en falso el expediente administrativo a una persona de confianza del gobierno socialista saliente».

Quien también medita en estos momentos su posible retorno al Ayuntamiento de Gijón es el consejero en funciones de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía. En el caso del también presidente en funciones de Sogepsa, éste aún no ha cursado la solicitud para reincorporarse a su antigua plaza de funcionario como abogado urbanista. Si Buendía sigue finalmente los pasos de Blanco, ambos podrían volver a trabajar juntos en los servicios municipales de Urbanismo años después.

Publicado en El Comercio el 28 de mayo de 2011

La Plataforma pide a la Fiscalía que se investigue a la Alcaldesa

La Plataforma Contra el Muro de Cabueñes pide a la Fiscalía que se investigue a la Alcaldesa
El colectivo ha solicitado que se estudie «si hubo delitos públicos» en el trámite del circuito del motor de Sotiello

M. SUÁREZ

La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes ha solicitado a la Fiscalía Superior del Principado que «investigue la conducta de doña Paz Fernández Felgueroso» en la tramitación del circuito del motor previsto en Sotiello. «Por si fuese constitutiva de delitos públicos», insinúa el escrito que este mismo fin de semana se ha remitido por correo al fiscal Joaquín de la Riva.

El colectivo considera que la relación familiar entre la alcaldesa de Gijón y el promotor del circuito, Rafael Riva Meana, pone en entredicho una de las modificaciones urbanísticas introducidas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La que recalifica, como suelo urbanizable de uso industrial y dotacional privado, el terreno que Riva Meana compró en Sotiello para su pista de carreras.

Los vecinos han esperado a que se aprobase definitivamente el PGO, y que lo hiciera sin la abstención expresa de la Alcaldesa, para trasladar sus sospechas a la fiscalía. El Pleno municipal daba luz verde al Plan de Ordenación el pasado viernes, con los votos a favor de PSOE e IU. Veinticuatro horas después, la Plataforma de Cabueñes enviaba por correo al fiscal Joaquín de la Riva -«para que ya lo tenga el lunes en su despacho»- un dossier sobre Sotiello.

La documentación está avalada por el ingeniero que dirigió el «Estudio preliminar de impacto ambiental del circuito de Sotiello», Ignacio Martínez Fernández, asesor ahora de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes. Ese informe se remonta a mayo de 2004. «Dos de las reuniones de trabajo se celebraron en la sede de la Alcaldía, con la participación de Paz Fernández Felgueroso, dada su vinculación personal con el promotor, Rafael Riva Meana, hijo de una prima hermana», incide el escrito vecinal.

El ámbito de actuación abarca un antiguo vertedero de escorias que en aquel momento todavía era propiedad de Arcelor y «constituía el principal handicap» del proyecto. «Sobre ese vertedero pesaba una orden de descontaminación cuyo coste aparentemente excedía las posibilidades del promotor y eso gravitaba sobre la adquisición de los terrenos», expone la Plataforma. Y apostilla: «En una de las reuniones celebradas en la Alcaldía, Rafael Riva reclamó ayuda para la gestión de esos terrenos en condiciones aceptables económicamente».

Ignacio Martínez recuerda: «a tal fin, se produjo una conversación telefónica entre doña Paz Fernández Felgueroso y don Antonio Suárez Marcos (entonces director de la Agencia de Medio Ambiente) para pedir información sobre la situación del vertedero». Riva Meana acabó comprando la escombrera de Arcelor, aunque su iniciativa empresarial no llegó finalmente a desarrollarse.

PSOE, IU y PP aprobaron, en octubre de 2004, una modificación puntual del planeamiento urbanístico para dar entrada al circuito. Pero la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) no dio de paso la recalificación del suelo. Y a eso se agarraron quince familias de Sotiello para frenar el hecho de que la empresa promotora ya hubiese trazado un recorrido donde empezaba a organizar pruebas de automoción.

El Ayuntamiento recupera ahora el proyecto, aprovechando la revisión del PGO. El nuevo Plan General lo integra, como ampliación del actual polígono de Somonte, en un nuevo ámbito urbanizable orientado a la mecánica y el motor. Se trata de una superficie de 558.410 metros cuadrados, donde se admiten usos industriales y dotaciones de carácter privado. «Ciudad del motor», lo ha bautizado el equipo de gobierno.

En el documento de prioridades que sentó las bases del nuevo PGO, «la zona aparece en previsión como no urbanizable y la parte correspondiente al vertedero figura como Recuperación Ambiental», subraya la Plataforma. Con este asunto, los vecinos de Cabueñes extienden a todo el concejo su lucha contra la política urbanística municipal. «Es que, si se demuestra que la actuación de la alcaldesa derivó en un beneficio a terceros, todo el Plan sería nulo», explican.

Ésta es la segunda vez que la Plataforma Ciudadana de Cabueñes se pone en contacto con la Fiscalía por un tema urbanístico. La primera, relacionada directamente con la operación residencial prevista en su parroquia, dio lugar a un proceso judicial que tuvo en el punto de mira al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento. El llamado «caso Blanco» fue archivado por el juez el pasado mes de marzo.

Ahora, en un segundo intento de poner en tela de juicio el urbanismo gijonés, se apunta directamente hacia la alcaldesa. La plataforma ha pedido a la fiscalía que «se deduzca testimonio de doña Paz Fernández Felgueroso, don Antonio Suárez Marcos y don Ignacio Martínez Fernández». También que recabe información sobre el proceso de aprobación del nuevo PGO y sobre el territorio donde se promoverá el circuito de Sotiello. Su solicitud se produce a una semana escasa de las elecciones municipales.

Publicado en La Nueva España el 16 de mayo de 2011

nos están llamando imbéciles

GIJÓN


Nada que celebrar

NACHO CIUDAD

Parece ser que estamos de suerte. El sobreseimiento provisional del caso 'Ovidio Blanco' ha llenado de alegría las calles de Gijón, y hasta se veía a algunos atrevidos celebrándolo en la fuente de Pelayo como si fuera un nuevo éxito deportivo.

Tal se parece deducir de las eufóricas palabras del concejal de Urbanismo, propias de quien se ha librado de algo que ha ido sufriendo en silencio, como las almorranas, durante dos años.

Y decimos silencio, porque esta faceta del «Yo ya lo dije» contrasta un poco (la mínima diferencia entre el blanco y el negro, vaya) con lo que se comentó cuando se destapó el maloliente asunto.

Por si no lo recuerdan: «reprobable», «lucro escandaloso», «nos ha hecho daño» y otras.

No digo yo que el fallo, en la acepción de la palabra que le quieran dar, judicial, quite un peso de encima al Urbanismo municipal. Otra cosa hubiera supuesto demasiadas explicaciones. Pero de ahí a cantar victoria media un trecho.

¿Qué celebramos? Pues que el juez no encuentra indicios de delito en el hecho de que un ex funcionario deje su puesto y le brote una seta de 600.000 euros en unos terrenos que, por casualidad, eran suyos.

Tan legal como la lotería que gana, una y otra vez, Carlos Fabra. En ambos casos, la sensación es la misma: delito igual no es, o igual no se puede probar, pero es tan turbio como un pagaré firmado por Ruiz-Mateos.

Además, la apestosa impresión de que nos están llamando imbéciles flota en el ambiente.

Lo peor de celebrarlo no es rozar el ridículo. Es que parece que uno se pone del lado de quien ha salido corriendo con 'el gordo'. Y encima, no le va a dejar ni chupar el corcho del champán. Como para celebrar algo, ¿no?


Publicado en El Comercio el 30 de marzo de 2011

Concentración na Plaza del Conceyu de Xixón

Bloque por Asturies-UNA participó na concentración na Plaza del Conceyu de Xixón


Roberto Colunga y Daniel Fernández, candidatu a l’Alcaldía y voceru de la coalición respecticamente, participaron na concentración na Plaza del Conceyu a les 10:00, coincidiendo col últimu plenu de la llexislatura.

La principal protesta referíase a l’aprobación del PXO, que realízase a menos de 10 díes de les elecciones y con numberoses duldes sobre la so llegalidá, anque ensin duldes de la irresponsabilidá polítiques que supon la so aprobación, como posteriormete esplicaría Bloque por Asturies-UNA nuna rueda de prensa.

Na protesta había representates de la zona d’El Muselín, de Les Caseríes y d’El Muru de Cabueñes.

Na protesta tamién había un grupo de persones qu’esixíen la continuación inmediata de les obres de Colexu Jovellanos, tal que yá se prometiera n’innumberables ocasiones.




Roberto Colunga destacó’l calter fondamente antidemocráticu d’esta aprobación, mientres Daniel Fernández centrar nes distintes irregularidaes del Plan d’Ordenación

A les 11:00 hores nel Hotel Alcomar de Xixón, Roberto Colunga criticaba en calter fondamente antidemocráticu del PXO “aprobáu a nueve díes d’unes elecciones ya hipotecando la capacidá de maniobra de la próxima corporación”.

Destacó que tantu PSOE ya IX llanzar a una huída escontra alantre pa “aprobar más de los mesmu, porque esti PXO tien los mesmos defectos qu’el qu’anularon los tribunales apocayá” pola necesidá del gobiernu municipal de “pagar favores, porque ta claro qu’esta aprobación nun respuende nin al interés xeneral nin muncho menos al interés de la ciudadanía de la ciudá”, sentenció el candidatu a l’Alcaldía.

Pela so parte el voceru de la coalición Daniel Fernández destacó que “l’alternativa 0, ye dicir si nun s’aprobara nengún plan, inclúi actuaciones anulaes polos tribunales, colo qu’en casu de non properar el recursu del Conceyu, cosa más que probable, el PXO yá sería illegal” y criticó la falta d’argumentación pa desenvolver el plan “porque parte d’unes necesidaes de vivienda manipoliaes y que contradicen datos oldeaos como los del INE”.

Tamién criticó l’actuaciones na zona rural o la eliminación d’El Muselín que se basa nun estudiu xeolóxicu que nun s’incluyía primeramente nel plan, y qu’establez que la inestabilidá de la zona torga’l so usu residencial, pero sí dexa la instalación de depósitos de combustible.

Roberto Colunga terminó indicando que “una de les prioridaes del Bloque por Asturies-UNA ye la reelaboración d’un PXO dende premises de participación ciudadana na so ellaboración y afecha a les necesidaes de los ciudadanos, non de les grandes constructores” concluyó.

Publicado en la web de la Coalición Bloque por Asturies-UNA el 13 de mayo de 2011

UPyD Gijón se reune con la Plataforma

UPyD Gijón se reune con la Plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes



La formación UPyD se ha reunido esta tarde [5-5-2011] con representantes de la Plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes para conocer la situación y reclamaciones del colectivo vecinal.UPyD aboga por detener el PGOU para corregir los innecesarios y ecológicamente insostenibles planes de Cabueñes, Granda, Castiello y Porceyo, así como para impulsar una integración racional de la zona urbana y rural del concejo.
Apostamos por la contención urbanística y las políticas de alquiler y rehabilitación de vivienda.

En los últimos años el urbanismo gijonés se ha convertido en el centro de la polémica ciudadana por el tortuoso camino político y judicial que ha seguido el nuevo Plan (Teixidó 2007). Plan elaborado en plena burbuja inmobiliaria y que la corporación actual quiere aprobar antes de acabar esta legislatura.
PGO irreal en sus cálculos que intenta, con algunos planes parciales como los de Castiello, Cabueñes o Granda, mas bien salvar intereses particulares comprometidos por el estallido de la burbuja que el interés general.


Publicado en la web de UPyD el 5 de mayo de 2011

El Partíu Asturianista escucha a la zona rural

Escuchando a Xixón: Zona Rural

En la reunión mantenida con los representantes vecinales de las parroquias rurales, la cabeza de lista al Ayuntamiento de Xixón por Unión URAS-PAS, aseguró que si resulta elegida concejala y tiene capacidad para ello, forzará una reforma integral del PGOU que recoga las demandas de los vecinos.

También desde URAS-PAS mostramos nuestra preocupación a los dirigentes vecinales de la zona rural por la situación actual de muchas parroquias (El Muselín, Somió, Cabueñes, Ruedes, Vega…)

Margarita Cabana se comprometió a escuchar a los vecinos, a hacer que participen, a trabajar con ellos y no contra ellos y a mantener reuniones periódicas, es el momento de que los vecinos estén presentes en el crecimiento de la ciudad.

Hay que recordar que el Partíu Asturianista (PAS) fue uno de los pocos partidos políticos del municipio que se opuso a este PGOU y presentó alegaciones contra él.


Publicado en Asturianista en 28 de abril de 2011

la operación no fue casualidad ni suerte

La Plataforma de Cabueñes rebate que «la operación no fue casualidad ni suerte»
Los vecinos solicitan, como prueba «absolutamente necesaria», que se cite a declarar a la Alcaldesa y a Morales


M. SUÁREZ

El magistrado Juan Laborda cree que las imputaciones contra el ex arquitecto municipal no están justificadas y la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes sigue convencida de todo lo contrario.
Así que, además de interponer un recurso de reforma ante el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón, el colectivo vecinal se prepara para dar el salto a la Audiencia con un caso que «no es en absoluto fruto de la casualidad, por mucho que la defensa alegue que el imputado tuvo simplemente suerte».

Los vecinos rebaten en su recurso que la operación investigada, de la que son principales protagonistas Ovidio Blanco y la empresa Hoyant, S. L., «estuvo minuciosamente elaborada».
Y se remontan incluso al conflicto que el Ayuntamiento mantuvo con Ramón Fernández Rañada por la adjudicación del Plan General de Ordenación (PGO) que finalmente redactó el equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor. «El señor Blanco tenía mucho que ganar con la exclusión de Rañada», afirma la plataforma.

El PGO que recalificó Cabueñes fue anulado el pasado verano por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, algo que también reseñan los vecinos en su intento de desmontar la operación urbanística de la parroquia. «No es lógica ni ajustada a derecho la justificación del redactor del plan de querer cerrar la ciudad por el Este. La afectación de la zona de Cabueñes se encuentra totalmente aislada y centrada en las parcelas de Hoyant, el imputado y el Ayuntamiento», argumentan.

La Administración local, con fuerte presencia en este ámbito de Cabueñes, incluso llegó a pleitos con una familia de la parroquia para hacerse con su heredad.
«Entre las propiedades municipales y las adquiridas por Hoyant y el imputado, se garantizaban un 49,15 por ciento de una actuación que se definió bajo la responsabilidad de Ovidio Blanco como arquitecto jefe», ponen de manifiesto los vecinos.

La plataforma ciudadana asegura estar en condiciones de acreditar que Blanco «dejó cerrados, antes de abandonar el Ayuntamiento, todos los trámites que garantizasen que la zona de Cabueñes donde se encontraba su parcela fuese calificada como urbanizable». Incluso cuestiona la segregación de «La Llosona».
«El auto se limita a simplificar los hechos», entienden los vecinos.

Para demostrar sus acusaciones, el colectivo de Cabueñes pide la práctica de nuevas pruebas testificales.
En su opinión, resulta «absolutamente necesario» que se cite judicialmente a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso; al actual concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, y a quien le precedió en el cargo, Jesús Morales.
Solicitan, además, que se remita al Juzgado la documentación del PGO o de las alegaciones presentadas por los ciudadanos.
Los vecinos sospechan de la rapidez del procedimiento.

Publicado en La Nueva España el 30 de marzo de 2011

El programa de UPyD apuesta por la paralización y revisión del plan de Cabueñes

UPyD basa su programa electoral en la regeneración democrática
Avelino Alonso, director del Ateneo de La Calzada, va de número cuatro de la lista de Fernández Bartolomé

J. M. CEINOS

Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Gijón aprobó ayer, en una asamblea de afiliados que se celebró en el centro municipal de El Llano, el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Bajo el lema electoral, aún no fijado, de «Haz posible lo que es necesario», UPyD basa su programa en dos ejes, como explicó el cabeza de lista, Armando Fernández Bartolomé: «La superación del localismo, ya que Gijón tiene sentido dentro del área metropolitana de Asturias, y acabar con la endogamia política».

El programa de UPyD apuesta también por la «regeneración democrática del Ayuntamiento, con la elección directa del alcalde y listas desbloqueadas», así como por «la revisión de las fundaciones municipales de Cultura y de Servicios Sociales, que están ya con un modelo caduco que hay que revisar», subrayó Fernández Bartolomé.

En cuanto al área de urbanismo, en el programa de UPyD se apuesta por «la paralización y revisión de los planes parciales de Cabueñes, de Granda y de Castiello» y el partido, asimismo, está en contra de la ubicación de la «Semana negra» en el campus.

En el apartado de economía y empleo, los dos ejes básicos son «mejorar la eficiencia de la Administración Local para ahorrar gastos y acabar con la política de subvenciones y fomentar el espíritu emprendedor».

UPyD ya tiene cerrados los primeros cinco puestos de su lista. Detrás de Armando Fernández Bartolomé van Jorge Uría, Paloma Virgala, Avelino Alonso (director del Ateneo de La Calzada) y Mercedes Fernández Avín.

Publicado en La Nueva España el 13 de marzo de 2011

SOS Cabueñes recurre el auto de sobreseimiento del caso 'Blanco'

El PP y 'SOS Cabueñes' recurren el auto de sobreseimiento del caso 'Blanco' y la Fiscalía rechaza hacerlo


EUROPA PRESS

El abogado del PP en el caso 'Blanco', Pedro Muñiz, a su vez concejal 'popular' en el Ayuntamiento, ha confirmado a Europa Press que ha presentado este lunes [28-3-2011] un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, y subsidiariamente de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, contra el auto dictado por el juez instructor, Juan Laborda, por el que se sobresee la causa contra el ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, imputado de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Además del PP, 'SOS Cabueñes' ha presentado igualmente un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación, mientras que el Ministerio Público ha rechazado hacerlo, ha confirmado a Europa Press la Fiscalía Superior de Asturias.

Blanco había sido imputado en 2009 al detectarse que había obtenido 600.000 euros de plusvalías de la compraventa de unos terrenos incluidos en el ámbito de actuación del Plan Parcial de Cabueñes, este último recurrido por la Plataforma contra el Muro de Cabueñes 'SOS Cabueñes', que ejerce al igual que el PP la acusación popular en esta causa.

Por una parte, Muñiz no comparte con el auto que se hable de cohecho impropio que está prescrito en todo caso. En su opinión, el caso debe verse como un delito de cohecho propio, ya que Blanco tuvo "una intervención decisiva" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Muñiz ha sostenido que como Jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, asesoraba y hacía propuestas no solo a la Concejalía del área, sino también a Pau Lander, empresa madrileña contratada para la asistencia técnica, y para cuya contratación Blando elaboró el pliego de condiciones técnicas.

Además, ha recalcado que si se hubiera hecho la adaptación del PGOU a la Ley del Principado, la finca en cuestión hubiera seguido siendo suelo rural. En cambio, se hace una revisión del PGOU y no una adaptación, que al final fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Está claro, a su parecer, que el ex arquitecto jefe municipal tuvo "una participación activa en una irregularidad administrativa para obtener un beneficio económico". Por este motivo, al ser un cohecho propio, la prescripción sería a los diez años y no a los tres, ya que el PGOU se aprobó en 2003. Muñiz ha asegurado que Blanco "hizo una actuación que, sin ser delito, si es irregular administrativa para recibir un regalo".

En cuanto al tráfico de influencias, ha incidido en que influyó tanto en el concejal de Urbanismo en aquel entonces, Jesús Morales, como en la empresa Pau Lander. Según Muñiz, es "muy raro" que a una empresa de Madrid se le ocurra venir a Gijón "en mitad de la nada a hacer pisos de siete plantas". Una actuación que lleva implícita la recalificación de 'La Llosona' como urbanizable.

Sobre si hubo utilización de información privilegiada, el PP argumenta que si bien cuando la recompró ya se conocía el avance del PGOU, aproximadamente un año antes hubo un convenio con la Seguridad Social para el traspaso de varias fincas que sumaban en Cabueñes 100.000 metros cuadrados. Muñiz señala que Blanco podía presuponer que más tarde o temprano esas tierras se recalificarían para darles utilidad, por lo que avisó a Hoyant, que compra una finca próxima y luego le vende "un trocito" al ex arquitecto jefe.

En estos dos últimos delitos, también son diez años de prescripción, por lo que podría ser juzgados por ellos. Asimismo, el letrado del PP ha reconocido estar sorprendido por el sobreseimiento del caso. "Estaba convencido de que el juez abriría juicio oral para que decidieran otros", ha explicado sobre el procedimiento. Según él, el PP no entiende este proceder al haber indicios de delito.

Por su parte, 'SOS Cabueñes' ha señalado que no deja de ser llamativo que se notifique el auto un viernes y se de tres días para recurrir. Según un portavoz, hay indicios de delito suficientes para abrir juicio oral contra el imputado.

Publicado en 20 Minutos el 28 de marzo de 2011

Blanco es incapaz de explicar las discrepancias del Plan

SOS Cabueñes cree que el testimonio de Blanco es "prometedor" al ser incapaz de explicar las discrepancias del Plan

EUROPA PRESS


La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha destacado este lunes [7-3-2011] que la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias del ex arquitecto municipal imputado en una supuesta trama de corrupción urbanística, Ovidio Blanco, con motivo del contencioso administrativo contra el Plan Parcial de Cabueñes, ha sido "clarificadora y prometedora", al no ser capaz de explicar las discrepancias existentes en el citado planeamiento urbanístico.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Plataforma, quienes han señalado que, entre otras cosas, Blanco no supo concretar por qué aparecen porcentajes diferentes en los documentos presentados respecto a la superficie propiedad de los promotores en el arranque del Plan. Es más, el ex arquitecto no le dio importancia a que los promotores tuvieran más del 50 por ciento de la propiedad en ese momento.

También ha declarado la arquitecta que diseñó el Plan Parcial junto a Blanco, Camelia Coto, quien según SOS Cabueñes no concretó casi nada, al aducir que hacía mucho tiempo de ello y que no lo recordaba.

Entre otras cosas, se le ha preguntado por si reconoce su autoría en el Documento Técnico del Plan Parcial UZN-C1 Universidad-Cabueñes / Junio 2007, si el Ayuntamiento era también promotor del proyecto, cuáles eran los porcentajes resultantes de superficie en manos de los promotores en ese 'Documento' o por qué no se realizó y se manifestó la suma del conjunto de la superficie en manos de promotores, siendo esa la cuestión crucial.

También se interrogó sobre si sabía que la citada suma era distinta en los documentos presentados y que había distintos propietarios en los dos listados presentados. Además, se le preguntó sobre si creía normal que cambien de manos ocho fincas entre dos fechas antes y después de la aprobación -BOPA- del Texto Refundido.
Asimismo, SOS Cabueñes quiso averiguar cuál era la participación municipal y si le constaba que el porcentaje de superficie en manos de los promotores que figura en el Proyecto de actuación estaba en blanco.

Cabe recordar que el contencioso fue interpuesto por SOS Cabueñes contra el Ayuntamiento de Xixón y los promotores implicados: Promotora Lomas Barajas S.L., Reyal Urbis S.A., Beyos y Ponga S.A. Unipersonal (Cajastur), Promociones Moro S.A. e Inmobiliaria Playa Gijón S.L..

Blanco, además de declarar como redactor del Documento Técnico del Plan Parcial, está pendiente de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón decide si se abre juicio oral contra él por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, al haber obtenido 600.000 euros en la compraventa de una finca vinculada al citado Plan Parcial.

Publicado en 20 Minutos el 7 de marzo de 2011