CORRUPCIÓN Incluyó su finca en el plan urbanístico
Un juzgado imputa al arquitecto municipal del 'pelotazo' de Gijón
* Ganó 600.000 euros al revender el terreno a la inmobiliaria Reyal Urbis
* La empresa le contrató después para desarrollar un proyecto sobre ese suelo
* Los hechos fueron revelados por EL MUNDO y motivaron una denuncia de la Fiscalía
Joaquín Manso Madrid
Un juzgado de Gijón ha imputado al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de esa localidad Ovidio Blanco, que obtuvo un fabuloso 'pelotazo' de 600.000 euros al revender una finca que se había revalorizado extraordinariamente porque él mismo había decidido incluirla en el plan urbanístico municipal. Esa actuación fue revelada por EL MUNDO el pasado mes de marzo y motivó una denuncia de la Fiscalía. El escueto auto del juez decano de Gijón, Juan Laborda, señala que los hechos "a priori revisten caracteres de delito o delitos contra la Administración Pública" y cita al arquitecto a declarar como imputado el próximo 5 de agosto. El fiscal había sido más concreto y señalaba que la finca pudo constituir, «al menos indiciariamente», un soborno en especie entregado por un empresario -que ganó más de cinco millones con el plan- a cambio de información privilegiada de futuras recalificaciones y tráfico de influencias. Por ello, atribuye al ex arquitecto jefe esos tres delitos.
Ovidio Blanco compró la finca cuando estaba en pleno proceso de recalificación a un precio extrañamente bajo -unos 20.000 euros- a la empresa Hoyant, con la que ya había intercambiado el terreno varias veces desde 1992. Después, lo revendió por su valor real en el mercado -más de 600.000 euros- a la inmobiliaria Reyal Urbis, para la que ahora trabaja desarrollando un proyecto, precisamente, sobre ese suelo.
Hoyant fue una de las grandes beneficiadas por las recalificaciones diseñadas por Blanco: obtuvo «plusvalías que superan los cinco millones de euros», según la Fiscalía.
El juez Laborda pide ahora también el expediente en el Registro Mercantil de la empresa Hoyant y cita a seis testigos. En el mismo auto, rechaza la personación como acusación particular del Partido Popular y de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, a los que impone una elevada fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular.
Manos Limpias ha tenido que desembolsar 6.000 euros para poder acusar a Baltasar Garzón en el Supremo, la misma cantidad que se le pidió a Izquierda Unida para ejercer la acción penal en el caso de la adjudicación a 'El Pocero' de la mayor urbanización de España, en Seseña. En otros casos de corrupción, las fianzas suelen oscilar entre los 2.000 y los 7.000 euros para ejercer la acción popular.
Publicado en El Mundo el 9 de julio de 2009
