Decepcionados nos deja el tibio sentimiento de Felgueroso sobre el arquitecto
CRISTINA MORENO, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA CONTRA EL MURO DE CABUEÑES
Quiso, por fin, la alcaldesa de Gijón entrar de lleno en el espinoso asunto del «caso Cabueñes», un tanto a la desesperada, tras haber estallado en sus narices el mayor escándalo acontecido en Asturias, de momento, desde el «Petromocho». Lo hacía a través de una entrevista publicada el pasado 5 de abril, en un medio confortable, antes de tomarse unas vacaciones, sin duda necesarias.
Tras varios meses ignorando las sucesivas peticiones de unos vecinos que sólo querían ser escuchados, dada la gravedad de los hechos que iban descubriendo, haciendo la vista gorda y mirando a otro lado -porque lo más fácil es evitar saber lo que se quiere ignorar-, la señora Felgueroso pretendía zanjar su bochornoso papel en la mala gestión urbanística de la ciudad, de la que es responsable en última instancia, con unas sorprendentes e inadmisibles declaraciones, en las que trataba de justificar lo injustificable. Algo que si ya era grave, vino a remachar con su actitud en el último y patético Pleno municipal, donde el «caso Cabueñes» fue tema principal.
Como intuimos que tendremos que esperar el sueño de los justos para que nuestra alcaldesa se digne recibirnos, nos atendremos al género epistolar ya que parece ser éste el único cauce de comunicación posible entre ella y estos «malos» ciudadanos. Pero esta vez a la vista de todos.
En primer lugar, los supuestos delitos penales, ahora investigados por la fiscalía gracias al esfuerzo y tesón de estos humildes ciudadanos, no son la primera o la segunda compra realizadas por José Ovidio Blanco Suárez, sino el proceso general por el cual un alto funcionario, al servicio de lo público y máximo responsable técnico de los sucesivos planes generales de ordenación urbana, compra una finca que consigue reclasificar (que no recalificar) y se lucra con una cantidad de dinero indecente, mientras reparte el lucro entre allegados.
Si no hubiera sido su arquitecto municipal durante cuatro años, como lo había sido con anterioridad de Vicente Álvarez Areces, podría utilizar, como otros políticos implicados en este caso negro, el irresponsable argumento de que esto es un asunto privado. Su único juicio de valor, al respecto, es que todo esto no le merece más que «una profunda decepción».
Profundamente decepcionados a su vez nos deja, señora alcaldesa, este tibio sentimiento suyo sobre aquel que está ocasionando el mayor desprestigio de la ciudad, dado que además reconoce con pasmosa tranquilidad los hechos, y con mayor chulería, «off de record», algún familiar más que cercano. Dicen lenguas de doble y triple filo que esta tibieza en las calificaciones, esta falta de contundencia, podría deberse, sin duda, a que Blanco Suárez sabe demasiado. Y ya se sabe que el saber no siempre da la felicidad, sobre todo al sufrido contribuyente de esta ciudad.
Lo cierto es que le resulta imposible defender el buen hacer del urbanismo gijonés sin defender, explícita e implícitamente, a este «intachable» alto funcionario que, al parecer y al entender del actual equipo de gobierno, no tenía jefes, ni debía ni debe responder de sus acciones ante sus responsables políticos que, al parecer, están para otras cosas. No cabe otra explicación en su tozudo proceder de torpedear cualquier atisbo de investigación interna, que esclarezca la sombra de duda y sospecha que nubla toda la gestión urbanística en Gijón, y venga a demostrar su pulcritud y transparencia, algo que ya no se cree nadie, excepto los más acérrimos acólitos.
Blanco Suárez, según su argumento, sólo tiene que responder ante la fiscalía, ya que admitir otra cosa les enfrenta ante sus propias responsabilidades. Y convierte a la fiscalía en una especie de Virgen de Covadonga, a la que ustedes peregrinan para que les resuelvan todos sus entuertos. Sólo apuntaremos que, dependiendo de cómo vaya el proceso judicial en curso, a caballo de dos elecciones, José Ovidio Blanco Suárez tendrá que dar cuentas, tarde o temprano, ante un tribunal, que podría llegar a reclamarle unos 300 millones de pesetas. Y otros darán cuentas ante las urnas.
Dejemos, por tanto, trabajar con independencia a la fiscalía, sin coacciones como la que se desprende de sus palabras, al afirmar que espera que ésta demuestre «la legalidad del obrar municipal». ¿En qué quedamos, es un asunto privado o del buen o mal obrar municipal?
Si chirriantes son estos argumentos, no lo son menos cuando, señora alcaldesa, usted se mete de lleno en los asuntos referentes al desarrollo del plan parcial, esos expedientes que Sanjurjo no nos dejaba mirar, no fuese que viésemos en su proyecto de actuación la referencia a los porcentajes de terrenos en blanco o los promotores sin identificar; o distintos listados de propietarios en el mismo documento que firma José Ovidio Blanco; o listados de titulares de fincas escritos a máquina y corregidos a lápiz en los papeles oficiales; o propiedades que los supuestos promotores presentan como suyas mientras ustedes dicen que son del Ayuntamiento, algo que también firma José Ovidio Blanco para que ustedes lo autoricen en Junta de Gobierno sin despeinarse.
Al hilo de todo esto, muy perdida, y pésimamente asesorada, debe usted estar al afirmar que «en el plan parcial no se tiene que justificar la mayoría, sino a la hora de formar la junta de compensación».
En primer lugar, si esto fuese así, todo este follón sobraría ya que la junta de compensación no nos consta como creada, y por ello los supuestos promotores habrían hecho el ganso presentando listados de terrenos, en junio y julio del 2007, antes de tiempo.
Pero lo más grave de su afirmación es que abre la puerta a la especulación, pura y dura, ya que eso significaría que cualquier persona espabilada podría lanzarse a desarrollar un plan parcial con, pongamos por caso, un 1% de los terrenos en cuestión. Y después ya se verá. O, por ejemplo, que varios lumbreras arrancaran el desarrollo con menos del 50% para ver quién tiene mejores amistades o posibilidades. Lo dicho: barra libre a la especulación, a sumar a otras.
En el triste caso que nos ocupa, y se ponga usted como se ponga, el porcentaje requerido (más del 50%), no lo había cuando lo tenía que haber, es decir, el 28 de junio de 2007, cuando ese prestigioso arquitecto suyo, paladín del buen obrar de su urbanismo, presenta sin inmutarse en nombre de esos supuestos promotores, en su Ayuntamiento, un documento donde dice contar con fincas que son de todos, para que le cuadren las cuentas, quince meses después de lucrarse vendiendo su provechosa inversión a uno de ellos.
Los nervios y la memoria parecen traicionarla, señora Alcaldesa, y buena prueba de ello fue su estentórea y crispada afirmación, en el Pleno municipal del pasado viernes, cuando aseguró: «Me entero de todo, de lo que hacen y no hacen». Casualmente de todos, menos de José Ovidio Blanco Suárez, por cierto. O de los terrenos, hasta tres o cuatro fincas, según se mire, no una como dijo, comprados por Cajastur (a través de Beyos y Ponga), por 16.727.267'28 euros (2.783 millones de pesetas), en julio y septiembre del pasado año, cuando aún era usted vicepresidenta de esta entidad pública, en una operación no sólo ruinosa sino tan oscura como todo lo que concierne al «caso negro del Blanco en Cabueñes».
Y si después de todo esto, usted sigue sosteniendo sin rubor que «no hay marcha atrás en este desarrollo urbanístico», nosotros le preguntamos, con pesar, señora Alcaldesa: quo vadis?
Lástima que, al final del camino, la ceguera pueda conducir al precipicio.
Publicado en La Nueva España el 20 de abril de 2009
