Los promotores no tienen acreditado de forma correcta el porcentaje de suelo que exige la ley, según la plataforma
M. SUÁREZ
El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, está dispuesto a introducir matices en el plan parcial de Cabueñes. Pero los vecinos ya no se conforman con retoques, sean en la altura de las 655 viviendas previstas en la parroquia o en la dimensión de la carretera que articulará esta nueva área residencial.Convencidos de que se han cometido «serias irregularidades», ahora lo que reclaman es la retirada de todo el proyecto.
«Estamos en condiciones de demostrar que la tramitación de este plan es ilegal y que la ilegalidad es tan profunda que conduce a una nulidad de pleno derecho», sostiene la Plataforma Ciudadana contra el llamado muro de Cabueñes, que llega a esta conclusión después de escudriñar toda la documentación oficial a su alcance.
El colectivo cuenta con los servicios de Ignacio Martínez, experto en medio ambiente y ordenación del territorio, que ha detectado «errores no subsanables» ya en la raíz de la operación.
Según puso de relieve el técnico de la plataforma, «los promotores no tenían realmente la mayoría del suelo cuando lanzaron la operación» el 28 de junio de 2007. Ese día, un grupo liderado por Reyal Urbis, del que forman parte empresas constructoras y propietarios particulares, solicitaba el inicio de la tramitación del plan parcial de Cabueñes, presentando una relación de fincas y superficies que suman el 50,47 por ciento del terreno. Para poder llevar a cabo una actuación de este tipo, la ley exige que se acredite la titularidad de más del 50 por ciento del suelo.
La irregularidad consistiría en que, en siguientes documentos presentados por los promotores, se van produciendo cambios que «les alejan cada vez más de ese 50 por ciento». La plataforma ha consultado el Registro de la Propiedad para verificar esta situación y asegura que los promotores del plan de Cabueñes no tienen acreditado el suelo exigido por ley, aunque «llegan a decir que tienen el 62 por ciento, incluyendo las parcelas municipales de la zona; el Ayuntamiento no es promotor ni debería serlo».
El baile de superficies y títulos de propiedad «ya nos lo encontramos en julio de 2007», a los pocos días de que se solicitase el inicio de la tramitación. La plataforma considera que «deberían depurarse responsabilidades políticas» por estos hechos, de los que seguirán tirando para «poner colorado» al concejal de Urbanismo. Ayer, hacían unas primeras revelaciones, tras mantener una reunión «decepcionante» con tres miembros de la Junta de Gobierno, entre ellos, Sanjurjo.
«No quiso ni ver los papeles que le llevábamos y tiró balones fuera diciéndonos que, en última instancia, la decisiones sobre este plan son cosa de la Junta de Gobierno», reprocha la Plataforma, que estuvo representada por Francisco Díaz-Cadórniga y Cristina Moreno, que acudieron a la reunión con Ana García y Xico Cifuentes, de la Asociación de Vecinos «La Pontica», y con Amalia Blasco y Luis García, de la asociación «Fontevilla».
Según cuentan los portavoces vecinales, el concejal de Urbanismo llegó a instarles a acudir a los tribunales si realmente creían que se estaba produciendo una situación irregular, extremo que «por cierto, no descartamos». Aunque, primero, tratarán de agotar otras vías.
Publicado en La Nueva España el 31 de octubre de 2008
