Los últimos movimientos en el juzgado datan de noviembre
M. M. | GIJÓN
Tienen que ver con el traslado a las partes de un escrito del Ministerio Fiscal y unas alegaciones de los vecinos de Cabueñes, a raíz de la presentación del último informe pericial que cerró las diligencias previas.
El documento presentado por Ignacio Martínez, asesor de la plataforma contra el Muro de Cabueñes, acredita la clasificación y calificación de la finca La Llosona, objeto del proceso, y establece la evolución paralela de su valor patrimonial durante la elaboración del planeamiento urbanístico de Gijón, entre los años 2003 y 2007.
De acuerdo a la misma, mientras que el último plan Rañada, de 1998, contemplaba la finca como «rural extensivo no urbanizable» y le asignaba un valor económico «escaso», el redactado por Teixidor le asignó desde su inicio, en 2003, hasta su conclusión, en 2007, un valor económico «elevado», como «urbanizable».
Según el informe, el cambio clave de este suelo incluido en el plan parcial de Cabueñes se dio el 15 de diciembre de 2003. Es decir, sólo quince días antes de que se hiciera efectiva la excedencia de Ovidio Blanco al frente del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento.
En su escrito de alegaciones, los vecinos de Cabueñes sostienen que, a la luz de esa prueba, se hace necesaria la práctica de testificales a Pedro Sanjurjo, Jesús Morales y la alcaldesa, anteriormente denegadas por el juez instructor.
Publicado en El Comercio el 11 de enero de 2011
