Miriam SUÁREZ
La sección quinta de su Sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado todos y cada uno de los argumentos que esgrimió el anterior equipo de gobierno para salvar dicho documento de la nulidad.
Con este fallo, firme y definitivo, la suspensión -dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- ya no tiene vuelta atrás.
El Ayuntamiento, con el PSOE e IU como socios de gobierno, recurrió ante el Supremo las más de treinta sentencias anulatorias que pesan sobre el Plan General aprobado en 2007. Para ello, se contrataron los servicios del abogado Luciano Parejo, uno de los expertos en derecho administrativo más reputados del país.
El Supremo emite su primera sentencia sobre el PGO gijonés con un nuevo planeamiento urbanístico en vigor. El anterior gobierno municipal lo puso en marcha en mayo de 2011, unos días antes de las elecciones municipales que cambiaron el rumbo político de la ciudad, situando a Foro Asturias Ciudadanos (FAC) al frente de la Alcaldía. De esta forma, se quiso atajar la incertidumbre jurídica que comenzó a ensombrecer el urbanismo local con las sentencias de anulación del Tribunal Superior de Asturias.
El futuro de este nuevo Plan de Ordenación se presenta tan oscuro como el del documento que lo ha precedido. Al menos, así lo cree Antonio García, abogado del despacho Llana, Cossío y Colunga que ha conseguido ganarle al Ayuntamiento este pulso en el Supremo. «Hay posibles secuelas sobre el nuevo PGO, que se hizo deprisa y corriendo para salir del paso», advierte.
De hecho, también ha sido impugnado por numerosos particulares y colectivos ciudadanos. Sólo García tiene en trámite 20 demandas.
«Se insistió en un modelo de ciudad que ya se sabía condenado al fracaso, en lugar de revisar el plan desde un punto de vista realista», recalca. Modelo que Foro trata ahora de revisar, aunque asegura tener las manos atadas ante algunas de las actuaciones residenciales más polémicas del PGO, como la que se pretende llevar a cabo en la parroquia de Cabueñes.
«Hablar de manos atadas es muy político, es lo fácil. Habría que coger el plan de 1999 y ver cuál es la situación de la ciudad y sus expectativas reales», aconseja Antonio García para no eternizar el conflicto urbanístico que vive la ciudad desde hace siete años.
Foro alega que se han generado responsabilidades patrimoniales con los promotores que adquirieron el terreno recalificado en 2007. Esas bolsas de suelo edificable se mantienen en el PGO de 2011.
Según Antonio García, «hay que mirar caso por caso, porque no todas las actuaciones revisten responsabilidad patrimonial, y los promotores también tienen la obligación de cumplir unos plazos. Aunque algunos están más interesados en la posible indemnización que en desarrollar las operaciones, porque ya son viables, y eso pervierte el PGO».
El alto tribunal considera que el recurso que presentó el Ayuntamiento «no viene al caso»
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el planeamiento urbanístico gijonés por deficiencias en el procedimiento de participación ciudadana y la falta de una evaluación de impacto ambiental.
El Ayuntamiento de Gijón se defendió en el Supremo alegando errores procesales y de motivación; que «se desplace e ignore» la normativa autonómica, y una incorrecta interpretación de la legislación europea en materia ambiental.
En cuanto al primer argumento, el Supremo considera que «no viene al caso», criticando incluso la «indefinición» de lo expuesto por el Ayuntamiento. Entiende, además, que el Tribunal Superior de Asturias «no dejó de lado el ordenamiento autonómico, sino que, por el contrario, basó su fallo en la interpretación del mismo». Y determina, por último, que «la Sala sentenciadora sí se acomodó» a la jurisprudencia medioambiental que se viene aplicando en este tipo de casos.
Como consecuencia, el PGO que dio lugar a la recalificación de Castiello, Granda, Porceyo o Cabueñes para la edificación de miles de viviendas queda anulado definitivamente.
El nuevo Plan General recoge esa superficie residencial e incluso la amplía. El asunto traerá cola, advierte el abogado Antonio García.
Antecedentes
- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó, a partir de julio de 2009, una treintena de sentencias desfavorables contra el PGO de 2007, en respuesta a otras tantas denuncias vecinales. El Ayuntamiento reaccionó recurriendo ante el Supremo. Su primera sentencia, del pasado mes de junio, confirma la nulidad del documento.
- El PGO que ahora se anula definitivamente fue sustituido por otro nuevo en mayo de 2011. Aun así, el fallo del Tribunal Supremo podría traer consecuencias, ya que el actual plan de ordenación también ha sido impugnado y los demandantes aseguran que incurre en errores muy similares al anterior.
- Tanto el planeamiento de 2007 como el de 2011 promueven el desarrollo residencial de Castiello (el de tramitación más avanzada), Cabueñes, Porceyo, el alto del Infanzón o Granda. Estas actuaciones suman más de 7.000 viviendas. La zona rural, que lleva años plantando batalla a la política urbanística municipal, pone en entredicho la necesidad de esta expansión residencial.
- El nuevo equipo de gobierno ha prometido una revisión del PGO, aunque mantiene las grandes operaciones alegando que se han generado responsabilidades patrimoniales. Quienes han conseguido ganar al Ayuntamiento en el Supremo cuestionan esta postura y reclaman un urbanismo «más realista». Entre tanto, las tramitaciones de Cabueñes, Granda y el Infanzón siguen adelante.
Publicado en La Nueva España el 29 de julio de 2012
