SOS Cabueñes denuncia una trama municipal de corrupción urbanística

NUEVO CAPITULO EN EL CASO DE OVIDIO BLANCO.


SOS Cabueñes denuncia una trama municipal de "corrupción" urbanística


Señala que el consistorio compró dos fincas cinco meses antes que Hoyant La Llosona.Los vecinos afirman que el consistorio "falseó" el trámite de información pública del PGOU.


P. LAMADRID


Un "cuadro de corrupción". Así definió ayer el presidente de la plataforma ciudadana SOS Cabueñes, Francisco Díaz Cadórniga, las actuaciones realizadas en el ámbito municipal relacionadas con el plan parcial de la parroquia.

Los vecinos que ya destaparon el escándalo del exarquitecto jefe de Gijón, Ovidio Blanco, aportaron nuevos datos sobre el caso y extendieron las responsabilidades a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso; el que fuera concejal de Urbanismo durante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Jesús Morales, y el actual edil responsable de esta materia, Pedro Sanjurjo. Por esta razón, han vuelto a solicitar al juez que llame a los políticos a declarar.


Díaz Cadórniga y el asesor técnico de la plataforma, Ignacio Martínez, desglosaron una serie de hechos que, según indicaron, demuestra que el consistorio orquestó de forma ilegal el futuro desarrollo urbanístico de Cabueñes. Hipótesis que surgieron a raíz de la declaración ante el juez del arquitecto redactor del PGOU, Luis Felipe Alonso Teixidor, el pasado 2 de octubre. En su testimonio, indicó que las cuestiones referidas a la zona rural las trataba con Felgueroso, Morales y Sanjurjo. La primera circunstancia sospechosa para la plataforma es la vinculación de unas fincas municipales con La Llosona, la parcela que adquirió la empresa Hoyant y de la que se segregó La Llosina, que compró Ovidio Blanco.


SUELO CLAVE

Los portavoces de SOS Cabueñes afirmaron que el ayuntamiento compró a la Tesorería General de la Seguridad Social, en julio de 1991, la heredad denominada de Xicu Piñera, formada por dos grandes fincas. Cinco meses después, Hoyant --empresa creada el año anterior por Antonio Cueto y Horacio Costales--, adquirió la finca contigua al sur, de la cual, tres meses más tarde, se segregó un terreno que compró Blanco y que, supuestamente, luego habría sido objeto de varias operaciones de especulación urbanística. Estas tres fincas son terrenos claves, ya que aglutinan el 49,15% del suelo comprendido en el plan parcial de Universidad-Cabueñes.


Una actuación "que se pretende justificar como el cierre de la ciudad al este, afirmación tan grandilocuente e incomprensible como falsa y especulativa", señalaron los vecinos. Otro de los argumentos expuestos para denunciar la trama corrupta fue, precisamente, la ilegalidad de la segregación realizada por Ovidio Blanco. En el momento de la compraventa --marzo de 1992--, la operación no se ajustaba a la normativa sobre el suelo. El actual consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, ocupaba entonces el cargo de jefe del servicio administrativo de Urbanismo en el ayuntamiento gijonés y la plataforma desconoce si informó sobre la compraventa, pero Morales la legaliza con su firma 12 días después de cambiar la ley del Suelo, es decir, en julio de 1992.


Por este motivo, piden que el juez llame a declarar a Morales. La plataforma también consideró sospechoso que Blanco comenzará a trabajar en Sogepsa, sociedad mixta que preside Buendía, el 2 de enero del 2004, sólo dos días después de abandonar el ayuntamiento tras pedir una excedencia. Asimismo, el trámite de información pública del PGOU fue otro de los aspectos denunciados por la plataforma, ya que, en su opinión, el desarrollo del plan "se falseó" de facto al suprimir la información pública previa.


PLAN PACTADO

Con documentos en la mano, los vecinos sostuvieron que ese trámite abierto a los ciudadanos no tuvo validez alguna, puesto que el expediente de la aprobación inicial --el paso siguiente-- estaba en el ayuntamiento desde el 10 de diciembre del 2003, como aparece en la documentación, tras haber sido pactado por Teixidor con Felgueroso, Morales y Sanjurjo --en esa época era edil de Hacienda, por lo que la plataforma no entiende por qué decidía sobre urbanismo--. De hecho, el período de información pública terminó el 19 de enero del 2004 y el día 26 Teixidor entregó al consistorio el informe. La plataforma cuestionó si en ese plazo, con un fin de semana por medio, pudo analizar las 370 sugerencias recibidas.


Además, los portavoces de SOS Cabueñes denunciaron el papel "ilegítimo" que adoptó el ayuntamiento como promotor. Según ellos, las empresas Lomas Barajas, Reyal Urbis y Promosa contaban con el consistorio como promotor para realizar su proyecto, "lo cual es ilegal". Fue el propio Blanco quien presentó la propuesta. Además, los vecinos también acusaron a Cajastur de actuar ilegítimamente como promotor a través de la sociedad Beyos y Ponga "porque no puede estar en el mercado inmobiliario según sus estatutos". Por último, la plataforma criticó la exclusión del arquitecto que se oponía al plan, Ramón Fernández-Rañada.




cronología
Desarrollo del plan

· Julio de 1991: El ayuntamiento compra las dos fincas de Xicu Piñera.
· Diciembre de 1991: Hoyant adquiere la finca contigua al sur de las municipales, La Llosona.
· Marzo de 1992: Ovidio Blanco compra una parcela segregada de La Llosona.
· 1 de Julio de 1992: Cambia la ley del Suelo.
· 12 de julio de 1992: Jesús Morales legaliza la segregación de la finca de Blanco, operación que hasta 12 días antes era ilegal.
· 19 de enero del 2004: Finaliza la información publica del PGOU.
· 26 de enero del 2004: Teixidor entrega al ayuntamiento el expediente para la aprobación inicial del PGOU.



Publicado en La Voz de Asturias el 25 de octubre de 2009

Los fallos judiciales contra el PGOU invalidan sus planes parciales

Les Caseríes replica que los fallos contra el PGOU sí invalidan sus planes parciales

El abogado de la Federación de la zona rural asegura que hay que «acomodarlos» a la normativa revisada

M. MORO / R. RODRÍGUEZ GIJÓN

El abogado de la Federación de la zona rural 'Les Caseríes', Antonio García, rebatió ayer el discurso del equipo de gobierno tras conocerse que el Ayuntamiento acumula ya diez sentencias que anulan el PGOU.

García está detrás de tres de los recursos contenciosos estimados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), entre los que se encuentra el primero que ha sentado el precedente jurisprudencial de todos los demás.
Y por su conocimiento de las resoluciones judiciales aseguró que los fallos judiciales cuestionan e invalidan también los planes parciales que emanan del Plan General. «Cuando se produzca la revisión de la normativa, todos estos proyectos urbanísticos habrá que acomodarlos».

Una de las demandantes contra el Ayuntamiento al que el TSJA le ha dado la razón es una vecina de Deva afectada por el plan parcial de Cabueñes, precisamente el que más contestación social ha generado dentro del municipio.
En concreto, se trata de una mujer que en su momento se opuso a vender sus terrenos para favorecer esa operación inmobiliaria.
Para el letrado que la defiende, que también es Antonio García, «está claro que su petición de nulidad aceptada para el PGOU sienta las bases» para la invalidación del proyecto que tiene en frente desde sus inicios a la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes.

As en la manga

«A esta vecina se la tiene que tener en cuenta. Las motivaciones personales sí importan. Por mucho que diga el Ayuntamiento no se pueden desarrollar planes parciales de un Plan General anulado por los tribunales», remarcó.

En ese sentido, García aseguró que estará «vigilante» en cuanto empiece de nuevo la tramitación del PGOU, esta vez bajo la figura de revisión.
Utilizará el as en la manga que, en su opinión, supone esta sentencia para paralizar, si llega el caso, la actuación prevista en Cabueñes.

La última remesa de fallos judiciales dictados contra el PGOU vuelve a argumentar que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del plan bajo un indebido supuesto de modificación puntual».
El tribunal asturiano también reprocha a la Administración demandada que se haya acometido una reconfiguración del modelo territorial, cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur, con un «deficiente período de información pública anterior a la aprobación inicial» del PGOU, la «falta de documentos esenciales» y un «deficiente estudio económico y financiero».

Ante estos pronunciamiento judiciales, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, repitió ayer la postura municipal de que todos las sentencias contra el PGOU que se están recibiendo «son recurribles ante el Supremo una a una y sólo inciden en un error en la forma, pero en ningún caso en el fondo».


Otras noticias relacionadas:
· La Voz de Asturias, 26/9/2009:
Gijón acumula 10 sentencias del TSJA que anulan el planeamiento urbanístico
· La Nueva España, 27/9/2009:
El equipo de gobierno prefiere «no adelantar acontecimientos» con Cabueñes
· La Nueva España, 15/10/2009:
El Supremo tumba un recurso de Ávila como el que pretende el Ayuntamiento para el PGOU


Noticia publicada en El Comercio el 27 de septiembre de 2009

SOS Cabueñes pide la comparecencia de Felgueroso, Sanjurjo y Morales

SOS Cabueñes pide la comparecencia de Felgueroso, Sanjurjo y Morales en el juicio sobre el 'caso Blanco'


La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Pedro Sanjurjo; y el ex concejal del área, Jesús Morales, en el juicio sobre el 'caso Ovidio Blanco', ex arquitecto municipal investigado tras obtener unas plusvalías de 600.000 euros en varias actuaciones de compraventa de una parcela afectada por el Plan de Cabueñes.

Según informó hoy en nota de prensa, la Plataforma solicitó ayer al Juez Instructor la comparecencia de los citados políticos para que den testimonio de las modificaciones decididas en último semestre del 2003 en el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) de Gijón.

En aquel momento, Felgueroso ya era alcaldesa de Gijón y Pedro Sanjurjo era entonces edil responsable de Hacienda, siendo concejal de Urbanismo Jesús Morales Miravalles, recuerda el colectivo en el escrito.

Esta petición se realiza tras las declaraciones en sede judicial del autor del planeamiento vigente en Gijón hasta este verano, Luis Felipe Alonso Teixidor, así como las anteriores en el llamado 'caso Blanco', del que la Plataforma forma parte como acción popular.

"La práctica de esta prueba es fundamental para el proceso, ya que sin ella no se podría acreditar la plena relación entre la actuación Ovidio Blanco, y de la Corporación Municipal, con Teixidor, así como la inclusión de la parcela del imputado en la revisión del PGOU, contra toda previsibilidad", argumenta el colectivo vecinal.

Tras realizar la solicitud, la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes confía en que el juez instructor del caso, Juan Laborda Coto, "admita esta prueba pericial de suma importancia para el caso".

Publicado en Europa Press el 6 de octubre

Teixidor: El plan de Cabueñes se dibujó con Blanco como arquitecto municipal

Investigación judicial de un escándalo urbanístico

El plan de Cabueñes se dibujó con Blanco como arquitecto municipal, según Teixidor

El redactor del PGOU declara que la recalificación «ya se conocía antes del verano de 2003», pero «la tratamos con la Alcaldesa y Morales, no con Ovidio»

Madrid / Gijón, Módem Press / M. SUÁREZ

Que Cabueñes iba a convertirse en zona edificable «ya se sabía antes del verano de 2003», cuando Ovidio Blanco todavía era arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón.

Así lo declaró ayer Luis Felipe Alonso Teixidor, redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha recalificado en la parroquia gijonesa 254.000 metros cuadrados de terreno.

De ese ámbito forma parte una finca que Ovidio Blanco compró y vendió en varias ocasiones, obteniendo finalmente una plusvalía de 600.000 euros.

A petición de la fiscalía, que detectó indicios de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en dichas operaciones, se ha iniciado una investigación judicial para comprobar si son o no constitutivos de delito.

Alonso Teixidor declaró ayer en calidad de testigo, dentro de las diligencias previas que está instruyendo el juez Juan Laborda. «Lo que se hizo en Cabueñes fue idea mía y de mi equipo. Se recalificó la parroquia porque es una zona de cierre de la ciudad por el Este», explicó el redactor del PGOU gijonés en un momento del interrogatorio.

Como Luis Felipe Alonso Teixidor reside y tiene su estudio arquitectónico en Madrid, se le permitió testificar por exhorto en los Juzgados de instrucción de la plaza de Castilla.

Hasta allí se desplazaron todos los abogados que intervienen en el caso: Luis Tuero, defensor de Ovidio Blanco; Ángel García Bernal, que representa al Ayuntamiento de Gijón como acusación particular; Concepción Trabado, que ejerce la acción popular en nombre de la Plataforma contra el llamado Muro de Cabueñes, colectivo que aportó muchos de los documentos que han dado lugar a este procedimiento judicial, y Pedro Muñiz, que también desempeña la acción popular, pero para el PP. Faltó el fiscal Luis Miguel Llorente.

«Para nosotros esta declaración ha sido muy positiva y nos confirma muchas de las tesis que tenemos.
Que el redactor del PGOU reconozca que ya se sabía que la zona de Cabueñes iba a convertirse en zona urbana cuando Ovidio Blanco era arquitecto jefe es muy relevante.
Significa que el señor Blanco sabía que la finca que adquirió en la parroquia iba a estar afectada por el Plan», valoraba ayer Concepción Trabado.

«Y, aunque niegue que haya tenido alguna intervención respecto al suelo urbanizable, el señor Blanco era perfectamente conocedor de que la parcela que había sido suya y lo volvería a ser después iba a obtener unas plusvalías importantísimas», añadió a la salida de los Juzgados.

Ovidio Blanco cogió la excedencia voluntaria como arquitecto jefe municipal en enero de 2004. Seis meses después adquiría en Cabueñes una parcela de 2.491 metros cuadrados.
Los vendedores fueron Horacio Costales de Arriba y los herederos del que había sido su socio en Hoyant, S. L., empresa con la que Blanco ya había llegado a acuerdos sobre esta misma finca en 1992 y 1998.

El terreno forma parte de una parcela de unos 25.000 metros cuadrados, conocida como La Llosona, que Hoyant, S. L. compró a la familia Vereterra en marzo de 1992.

Esta sociedad mercantil se lo vendía pocos días después al ex arquitecto jefe municipal por 7.513 euros.

En noviembre de 1998 se lo volvía a comprar por 8.414 euros.

Y en noviembre de 2004 se lo revendía por 20.434 euros. Según confirmaba ayer el redactor del PGOU, por entonces «el plan parcial de Cabueñes ya estaba dibujado en los planos, y no se cambió».

Ese plan parcial permite construir 655 pisos donde antes no se podía edificar, porque era suelo rústico.

Una de las promotoras interesadas en el desarrollo de esta nueva área residencial pagó a Ovidio Blanco por su parcela 617.420 euros. Hoyant, por su parte, ganó en la operación 5,5 millones.

«No sabía nada de la finca de Ovidio», aseguró ayer Luis Felipe Alonso Teixidor, que también aclaró: «Ovidio sólo nos trasladaba indicaciones relativas al ámbito urbano y a las ordenanzas.

Las cuestiones del ámbito rural (el más problemático) se trataban con la Alcaldesa; el concejal de Urbanismo de entonces, Jesús Morales, y el de Hacienda, Pedro Sanjurjo. Ovidio solía estar presente, pero no opinaba, porque no era asunto de él».

Publicado en La Nueva España el 3 de octubre de 2009