Particulares y colectivos recurren el PGO de Gijón que fue aprobado en mayo
Las asociaciones vecinales y plataformas esperan que el nuevo gobierno local de Foro Asturias revise sus casos
MARCOS MORO | GIJÓN.
Los recurrentes consideran que nuevamente se contraviene la legalidad y están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias la defensa judicial de sus intereses. No obstante, muchos de ellos reconocen también que esperan que el nuevo gobierno municipal de Foro Asturias «mueva ficha» y revise sus casos en los meses de litigio que quedan por delante hasta que se fundamenten todas las demandas.
Entre los colectivos posicionados contra el que ya se empieza a denominar 'Plan Sanjurjo' - por la autoría política del exedil de Urbanismo socialista- se encuentran, entre otros, la Federación de Asociaciones de la Zona Rural Les Caseríes, la asociación San Emiliano de Vega, las plataformas contra el circuito de Sotiello y el Muro de Cabueñes, los vecinos de El Muselín y los propietarios de la colonia de El Pisón.
El plazo para anunciar la interposición de recursos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) concluyó el pasado día 21. El Ayuntamiento ha empezado a recibir en su registro un goteo casi diario de notificaciones judiciales sobre los litigios que se han puesto en marcha contra el Plan General. Los servicios jurídicos municipales han cuantificado ya al menos una quincena de demandas presentadas, pero estiman que hasta bien entrado septiembre no se podrá cerrar el recuento definitivo de recurrentes con un número que se espera que sea muy superior.
Los diferentes demandantes deben incluir sus motivaciones en el escrito de anuncio de interposición a la espera de conocer si sus recursos son definitivamente admitidos a trámite por el tribunal. A partir de ahí el TSJA requerirá a la Administración demandada, en este caso el Consistorio, el expediente del PGO.
Con ese expediente en su poder, los recurrentes tendrán varias semanas por delante para presentar el grueso de la demanda, donde particulares y colectivos ciudadanos deberán detallar las supuestas irregularidades que, según su punto de vista, contravienen la legalidad.
La Federación Les Caseríes y algunas parroquias gijonesas, entre otros, incidirán en «los errores» detectados, consecuencia de «la precipitación» con que se aprobó la nueva normativa urbanística.
Publicado en El Comercio el 31 de julio de 2011
