Un servidor público

GIJÓN

Un servidor público

ENRIQUE F. GARRIDO

Una vez resuelta en vía judicial la culpabilidad o inocencia del ex arquitecto municipal (el llamado 'caso Blanco'), al común de los ciudadanos nos pueden quedar dos sensaciones extrañas. Lo primero es que, a todos los efectos, la persona no ha delinquido pero ha sufrido el desprestigio social que supone colocarse bajo los focos de la opinión pública. Parece necesaria una disculpa. Lo segundo es que, a todos los efectos, ha realizado una operación económica muy jugosa desde un conocimiento de las reglas de juego y una posición de servidor público, en activo o en la reserva eso es lo de menos. Parece necesario un reproche. Centrándome en esta segunda sensación, creo que limitar la compatibilidad del servidor público en ámbitos privados es determinante para que España sea más Europa, esa que camina con paso firme y economía dinámica.

La compraventa de solares por entidades lucrativas o por particulares con ánimo de lucro está permitida en una economía de libre mercado. ¿Debemos considerar al señor Blanco un particular con ánimo de lucro? ¿Dónde comienza y termina la libertad mercantil del señor Blanco?

Cuando una persona trabaja en el ámbito público su nivel de exigencia debe estar por encima del resto de los ciudadanos. Si un juez no puede ser gerente de empresa un arquitecto municipal no debería ejercer el negocio inmobiliario. La garantía del puesto público, su responsabilidad y dedicación tiene ser absolutamente incompatible con cualquier actividad mercantil en la esfera privada. Si al señor Blanco no le podemos calificar como delincuente sí le podemos calificar como un mal servidor público. Su salario está garantizado y el negocio tenemos que dejárselo a otros, por ejemplo a los que están parados y necesitan ocupación.


Publicado en El Comercio el 31 de marzo de 2011