El Ayuntamiento ha recibido ya 70 demandas contra el Plan General
Les Caseríes, Vega, La Pedrera, El Muselín y la plataforma de Cabueñes encabezan los recursos de los colectivos
M. MORO | GIJÓN.
Los recurrentes son particulares y colectivos que se sienten perjudicados por la ordenación territorial aprobada en mayo por PSOE e IU, justo antes de las elecciones municipales.
Los servicios jurídicos municipales aseguran que la cifra de recursos interpuestos aún no está cerrada y podría seguir aumentando en las próximas semanas.
De los promovidos por colectivos destacan los pleitos anunciados por la Asociación de Vecinos San Emiliano de Vega, la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón 'Les Caseríes', la Asociación de Vecinos 'El Muselín Vivo', el Colectivo de Vega en defensa del medio rural y la Asociación de Vecinos de San Andrés de La Pedrera. Los propietarios de la colonia de El Pisón y los vecinos que se oponen al circuito de velocidad de Sotiello también forman parte del frente contra la herramienta de planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.
Los demandantes consideran que nuevamente se vulnera la legalidad y están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias la defensa judicial de sus intereses. Además, están espoleados por el precedente de la anulación judicial que tumbó el Plan General de 2005 por defectos procedimentales.
Meses para ser efectivos
Los recursos contencioso administrativos tardarán aún meses en hacerse efectivos. Una vez admitidos a trámite por el tribunal, el TSJA requerirá a la Administración demandada, en este caso el Consistorio, el expediente del PGO. Con ese expediente en su poder, los recurrentes tendrán un plazo legal para argumentar la demanda, donde particulares y colectivos ciudadanos deberán detallar las supuestas irregularidades que, según su punto de vista, contravienen la legalidad.
El nuevo equipo de gobierno de Foro ha ofrecido diálogo y revisiones puntuales a los descontentos con el Plan General, pero aún no ha explicado cómo va a marcar distancias con una norma a la que tiene que ceñirse para desarrollar cualquier proyecto urbanístico. Y ello, en el momento de mayor atonía del sector de la construcción en 60 años, según reconocen los propios promotores locales.
Si los concejales de Foro aceptan, con el apoyo del PP, la ampliación de los núcleos rurales vetada por los socialistas cuando gobernaban lograrían desactivar la mayoría de los recursos individuales contra el nuevo PGO procedentes del área periurbana. No en vano, de las 1.510 alegaciones que recibió el actual planeamiento urbanístico, 800 fueron rechazadas porque pedían modificar usos y aprovechamientos en suelos calificados como no urbanizables e incorporar sus fincas a núcleos rurales.
Publicado en El Comercio el 5 de octubre de 2011
