OPINIÓN
Verano de 2003
JOSÉ MANUEL BALBUENA
HABÍA interés por conocer las declaraciones de Luis Felipe Teixidor. A la postre, fue el arquitecto redactor de la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tanta polémica ha traído. Y era interesante porque, no lo olviden, las graves imputaciones de las que estamos hablando -cohecho, uso de información privilegiada y trato de favores- constituyen la trilogía que tantas veces hemos visto en los casos de corrupción urbanística. Por tanto, conocer si el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento tuvo participación o influyó en la modificación que luego le reportaría una plusvalía sustancial, repito, tenía su miga.
Sin embargo, las declaraciones de Teixidor no fueron en este sentido. Recalcó que el plan lo hizo él y que Ovidio Blanco sólo llevaba la zona urbana. Además, vino a señalar que para la zona rural la toma de decisiones fue política, puesto que fueron tomadas por tres miembros del equipo de gobierno (la alcaldesa, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo).
Queda claro pues, según las manifestaciones de Teixidor, que Blanco no tuvo nada que ver en la recalificación del suelo desde el punto de vista urbanístico.
Ahora bien, para las acciones populares dejó una sombra de duda en cuanto a fechas sobre la información. Según el redactor del PGOU ya se conocía en firme los criterios que iban a regir en el plan hacia el verano de 2003. Cosa que, obviamente, no era ni mucho menos pública.
Ovidio Blanco volvió a comprar la finca en julio de 2004. Aparentemente, por tanto, cuando lo hizo, disponía de buena información sobre la nueva calificación.
Publicado en El Comercio el 3 de octubre de 2009