El colectivo ha solicitado que se estudie «si hubo delitos públicos» en el trámite del circuito del motor de Sotiello
M. SUÁREZ
El colectivo considera que la relación familiar entre la alcaldesa de Gijón y el promotor del circuito, Rafael Riva Meana, pone en entredicho una de las modificaciones urbanísticas introducidas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La que recalifica, como suelo urbanizable de uso industrial y dotacional privado, el terreno que Riva Meana compró en Sotiello para su pista de carreras.
Los vecinos han esperado a que se aprobase definitivamente el PGO, y que lo hiciera sin la abstención expresa de la Alcaldesa, para trasladar sus sospechas a la fiscalía. El Pleno municipal daba luz verde al Plan de Ordenación el pasado viernes, con los votos a favor de PSOE e IU. Veinticuatro horas después, la Plataforma de Cabueñes enviaba por correo al fiscal Joaquín de la Riva -«para que ya lo tenga el lunes en su despacho»- un dossier sobre Sotiello.
La documentación está avalada por el ingeniero que dirigió el «Estudio preliminar de impacto ambiental del circuito de Sotiello», Ignacio Martínez Fernández, asesor ahora de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes. Ese informe se remonta a mayo de 2004. «Dos de las reuniones de trabajo se celebraron en la sede de la Alcaldía, con la participación de Paz Fernández Felgueroso, dada su vinculación personal con el promotor, Rafael Riva Meana, hijo de una prima hermana», incide el escrito vecinal.
El ámbito de actuación abarca un antiguo vertedero de escorias que en aquel momento todavía era propiedad de Arcelor y «constituía el principal handicap» del proyecto. «Sobre ese vertedero pesaba una orden de descontaminación cuyo coste aparentemente excedía las posibilidades del promotor y eso gravitaba sobre la adquisición de los terrenos», expone la Plataforma. Y apostilla: «En una de las reuniones celebradas en la Alcaldía, Rafael Riva reclamó ayuda para la gestión de esos terrenos en condiciones aceptables económicamente».
Ignacio Martínez recuerda: «a tal fin, se produjo una conversación telefónica entre doña Paz Fernández Felgueroso y don Antonio Suárez Marcos (entonces director de la Agencia de Medio Ambiente) para pedir información sobre la situación del vertedero». Riva Meana acabó comprando la escombrera de Arcelor, aunque su iniciativa empresarial no llegó finalmente a desarrollarse.
PSOE, IU y PP aprobaron, en octubre de 2004, una modificación puntual del planeamiento urbanístico para dar entrada al circuito. Pero la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) no dio de paso la recalificación del suelo. Y a eso se agarraron quince familias de Sotiello para frenar el hecho de que la empresa promotora ya hubiese trazado un recorrido donde empezaba a organizar pruebas de automoción.
El Ayuntamiento recupera ahora el proyecto, aprovechando la revisión del PGO. El nuevo Plan General lo integra, como ampliación del actual polígono de Somonte, en un nuevo ámbito urbanizable orientado a la mecánica y el motor. Se trata de una superficie de 558.410 metros cuadrados, donde se admiten usos industriales y dotaciones de carácter privado. «Ciudad del motor», lo ha bautizado el equipo de gobierno.
En el documento de prioridades que sentó las bases del nuevo PGO, «la zona aparece en previsión como no urbanizable y la parte correspondiente al vertedero figura como Recuperación Ambiental», subraya la Plataforma. Con este asunto, los vecinos de Cabueñes extienden a todo el concejo su lucha contra la política urbanística municipal. «Es que, si se demuestra que la actuación de la alcaldesa derivó en un beneficio a terceros, todo el Plan sería nulo», explican.
Ésta es la segunda vez que la Plataforma Ciudadana de Cabueñes se pone en contacto con la Fiscalía por un tema urbanístico. La primera, relacionada directamente con la operación residencial prevista en su parroquia, dio lugar a un proceso judicial que tuvo en el punto de mira al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento. El llamado «caso Blanco» fue archivado por el juez el pasado mes de marzo.
Ahora, en un segundo intento de poner en tela de juicio el urbanismo gijonés, se apunta directamente hacia la alcaldesa. La plataforma ha pedido a la fiscalía que «se deduzca testimonio de doña Paz Fernández Felgueroso, don Antonio Suárez Marcos y don Ignacio Martínez Fernández». También que recabe información sobre el proceso de aprobación del nuevo PGO y sobre el territorio donde se promoverá el circuito de Sotiello. Su solicitud se produce a una semana escasa de las elecciones municipales.
Publicado en La Nueva España el 16 de mayo de 2011
