EUROPA PRESS
Además del PP, 'SOS Cabueñes' ha presentado igualmente un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación, mientras que el Ministerio Público ha rechazado hacerlo, ha confirmado a Europa Press la Fiscalía Superior de Asturias.
Blanco había sido imputado en 2009 al detectarse que había obtenido 600.000 euros de plusvalías de la compraventa de unos terrenos incluidos en el ámbito de actuación del Plan Parcial de Cabueñes, este último recurrido por la Plataforma contra el Muro de Cabueñes 'SOS Cabueñes', que ejerce al igual que el PP la acusación popular en esta causa.
Por una parte, Muñiz no comparte con el auto que se hable de cohecho impropio que está prescrito en todo caso. En su opinión, el caso debe verse como un delito de cohecho propio, ya que Blanco tuvo "una intervención decisiva" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Muñiz ha sostenido que como Jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, asesoraba y hacía propuestas no solo a la Concejalía del área, sino también a Pau Lander, empresa madrileña contratada para la asistencia técnica, y para cuya contratación Blando elaboró el pliego de condiciones técnicas.
Además, ha recalcado que si se hubiera hecho la adaptación del PGOU a la Ley del Principado, la finca en cuestión hubiera seguido siendo suelo rural. En cambio, se hace una revisión del PGOU y no una adaptación, que al final fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Está claro, a su parecer, que el ex arquitecto jefe municipal tuvo "una participación activa en una irregularidad administrativa para obtener un beneficio económico". Por este motivo, al ser un cohecho propio, la prescripción sería a los diez años y no a los tres, ya que el PGOU se aprobó en 2003. Muñiz ha asegurado que Blanco "hizo una actuación que, sin ser delito, si es irregular administrativa para recibir un regalo".
En cuanto al tráfico de influencias, ha incidido en que influyó tanto en el concejal de Urbanismo en aquel entonces, Jesús Morales, como en la empresa Pau Lander. Según Muñiz, es "muy raro" que a una empresa de Madrid se le ocurra venir a Gijón "en mitad de la nada a hacer pisos de siete plantas". Una actuación que lleva implícita la recalificación de 'La Llosona' como urbanizable.
Sobre si hubo utilización de información privilegiada, el PP argumenta que si bien cuando la recompró ya se conocía el avance del PGOU, aproximadamente un año antes hubo un convenio con la Seguridad Social para el traspaso de varias fincas que sumaban en Cabueñes 100.000 metros cuadrados. Muñiz señala que Blanco podía presuponer que más tarde o temprano esas tierras se recalificarían para darles utilidad, por lo que avisó a Hoyant, que compra una finca próxima y luego le vende "un trocito" al ex arquitecto jefe.
En estos dos últimos delitos, también son diez años de prescripción, por lo que podría ser juzgados por ellos. Asimismo, el letrado del PP ha reconocido estar sorprendido por el sobreseimiento del caso. "Estaba convencido de que el juez abriría juicio oral para que decidieran otros", ha explicado sobre el procedimiento. Según él, el PP no entiende este proceder al haber indicios de delito.
Por su parte, 'SOS Cabueñes' ha señalado que no deja de ser llamativo que se notifique el auto un viernes y se de tres días para recurrir. Según un portavoz, hay indicios de delito suficientes para abrir juicio oral contra el imputado.
Publicado en 20 Minutos el 28 de marzo de 2011
