Los vecinos solicitan, como prueba «absolutamente necesaria», que se cite a declarar a la Alcaldesa y a Morales
M. SUÁREZ
Así que, además de interponer un recurso de reforma ante el Juzgado de instrucción número 5 de Gijón, el colectivo vecinal se prepara para dar el salto a la Audiencia con un caso que «no es en absoluto fruto de la casualidad, por mucho que la defensa alegue que el imputado tuvo simplemente suerte».
Los vecinos rebaten en su recurso que la operación investigada, de la que son principales protagonistas Ovidio Blanco y la empresa Hoyant, S. L., «estuvo minuciosamente elaborada».
Y se remontan incluso al conflicto que el Ayuntamiento mantuvo con Ramón Fernández Rañada por la adjudicación del Plan General de Ordenación (PGO) que finalmente redactó el equipo del arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor. «El señor Blanco tenía mucho que ganar con la exclusión de Rañada», afirma la plataforma.
El PGO que recalificó Cabueñes fue anulado el pasado verano por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, algo que también reseñan los vecinos en su intento de desmontar la operación urbanística de la parroquia. «No es lógica ni ajustada a derecho la justificación del redactor del plan de querer cerrar la ciudad por el Este. La afectación de la zona de Cabueñes se encuentra totalmente aislada y centrada en las parcelas de Hoyant, el imputado y el Ayuntamiento», argumentan.
La Administración local, con fuerte presencia en este ámbito de Cabueñes, incluso llegó a pleitos con una familia de la parroquia para hacerse con su heredad.
«Entre las propiedades municipales y las adquiridas por Hoyant y el imputado, se garantizaban un 49,15 por ciento de una actuación que se definió bajo la responsabilidad de Ovidio Blanco como arquitecto jefe», ponen de manifiesto los vecinos.
La plataforma ciudadana asegura estar en condiciones de acreditar que Blanco «dejó cerrados, antes de abandonar el Ayuntamiento, todos los trámites que garantizasen que la zona de Cabueñes donde se encontraba su parcela fuese calificada como urbanizable». Incluso cuestiona la segregación de «La Llosona».
«El auto se limita a simplificar los hechos», entienden los vecinos.
Para demostrar sus acusaciones, el colectivo de Cabueñes pide la práctica de nuevas pruebas testificales.
En su opinión, resulta «absolutamente necesario» que se cite judicialmente a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso; al actual concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, y a quien le precedió en el cargo, Jesús Morales.
Solicitan, además, que se remita al Juzgado la documentación del PGO o de las alegaciones presentadas por los ciudadanos.
Los vecinos sospechan de la rapidez del procedimiento.
Publicado en La Nueva España el 30 de marzo de 2011
