El caso Blanco aguarda ya la resolución del juez instructor
Las partes personadas contra el ex arquitecto jefe municipal dan por concluidas desde hace meses las diligencias previas y confían en la apertura de juicio oral
M. MORO
Todo depende de la resolución que adopte el juez instructor, Juan Laborda, quien ahora tiene la potestad de abrir juicio oral o, por el contrario, archivar la causa por falta de pruebas.
Se trata del mismo magistrado que imputó a Blanco hace año y medio por tres posibles delitos -cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada- por sus sucesivas operaciones de compraventa con una finca de Cabueñes.
Las partes personadas contra Blanco como acciones populares -el PP y los vecinos de Cabueñes- dan por hecho que habrá juicio.
El procedimiento seguido contra el ex arquitecto jefe del Ayuntamiento ha discurrido con lentitud en la fase de diligencias previas y toma de declaración al imputado y los testigos.
Los interrogatorios dieron comienzo en agosto de 2009 y a fecha de hoy aún no está resuelta la instrucción pese a la importante repercusión social del caso.
El juez escuchó en primer lugar el testimonio del ex arquitecto municipal, quien testificó que la primera compra de la finca de Cabueñes objeto de la polémica, en 1992, «fue para tener un jardín de ocio donde plantar flores», mientras que la segunda adquisición, en 2004, «fue una oportunidad de negocio cuando ya estaba fuera del Ayuntamiento».
También prestaron declaración la mujer de Blanco, el ex administrador de Hoyant Horacio Costales -con crisis de ansiedad incluida-, los herederos de Antonio Cueto (socio fallecido de Hoyant) y el autor del PGOU de 2005 Luis Felipe Alonso Teixidor. En septiembre la Plataforma contra el Muro de Cabueñes presentó en el juzgado de instrucción número 5 la última prueba pericial en relación con el caso. Esta prueba supuso una dilación de más de seis meses en el proceso y trató de demostrar con planos que el plan parcial de Cabueñes cambió de calificación cuando Blanco aún era jefe del servicio técnico municipal.
El caso Blanco inició su trámite judicial con la denuncia interpuesta en junio de 2009 por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Su titular, Joaquín de la Riva, apreció indicios de que la finca afectada por el plan residencial de Cabueñes, con la que Blanco realizó operaciones de compraventa y obtuvo un beneficio de 600.000 euros, pudo formar parte de un soborno en especie entregado por un empresario a cambio de información de futuras recalificaciones.
Noticia publicada en El Comercio el 11 de enero de 2011
