Las cinco constructoras actúan como escudo del Ayuntamiento

Las promotoras del plan de Cabueñes se personan en el contencioso de los vecinos
La plataforma ciudadana de la parroquia considera que las cinco constructoras actúan «como escudo del Ayuntamiento» en el pleito

M. SUÁREZ

El contencioso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el plan parcial de Cabueñes no ha hecho más que empezar. Seis meses después de que los vecinos de la parroquia denunciasen la ilegalidad de esta operación urbanística, las cinco promotoras posicionadas en su ámbito de actuación han decidido personarse como parte en el pleito.

Lomas Barajas, Beyos y Ponga, Reyal Urbis, Inmobiliaria Playa de Gijón y Promosa controlan una parte importante de los 254.000 metros cuadrados de terreno que abarca el plan de Cabueñes, cuyo desarrollo supondrá la construcción de 655 viviendas en una zona hasta ahora rural. Los vecinos han creado una Plataforma Ciudadana para luchar contra lo que consideran un «muro» urbanístico. Su contencioso está dirigido al Ayuntamiento, como responsable directo de la aprobación del plan.

«Las constructoras son el escudo del equipo de gobierno. Van en el mismo tren», critica la Plataforma Ciudadana de Cabueñes. «Resulta significativo que se personen todas juntas, con una misma procuradora, que es la hija de Gota Losada, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Tendrá que trabajar, no lo dudo, pero llama la atención», recelan los vecinos de la parroquia.

La plataforma interpuso un contencioso contra el plan de Cabueñes en octubre de 2009. Al mes siguiente, el alto tribunal asturiano admitía a trámite su recurso, que se ampara en la reciente anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana que ha dado lugar a este desarrollo residencial. Desde entonces, se le ha pedido información al Ayuntamiento en dos ocasiones, y «las dos envió el expediente incompleto», lamentan los denunciantes.

El plan de Cabueñes no sólo ha motivado este contencioso entre los vecinos y el Ayuntamiento. El Juzgado de instrucción número 5 de Gijón tramita otro procedimiento relacionado con esta operación, que afecta directamente al que fuera arquitecto municipal hasta el 31 de diciembre de 2003. Ovidio Blanco realizó varias compraventas con un terreno vinculado al plan de Cabueñes, que acabaron reportándole una plusvalía de 600.000 euros. Se le está investigando por tres presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

En la causa están personados el Ayuntamiento, el Partido Popular y la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. La elección del abogado que representa los intereses municipales también ha estado envuelta en polémica. Según denuncian los vecinos de Cabueñes, «nosotros consultamos el caso con Bernal del Castillo antes de que lo contratase el Ayuntamiento».


Noticia publicada en La Nueva España el 27 de abril de 2010