Los vecinos están convencidos de que el Tribunal Superior tumbará los proyectos residenciales en marcha igual que ha hecho con La Talá
Miriam SUÁREZ
Colectivos como la Plataforma Ciudadana de Cabueñes ya se han reunido, incluso, para tratar de sacarle jugo a un fallo judicial que «nos reafirma en nuestro propio contencioso».
El Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón y Llanes han corrido la misma suerte: fueron invalidados por el alto tribunal asturiano varias veces; las sentencias, en ambos casos, se recurrieron ante el Supremo, y, a falta de un pronunciamiento definitivo, los dos ayuntamientos aseguraron que el PGO anulado se mantenía vigente.
La última sentencia desmonta esa teoría. En ella se reprueba al Ayuntamiento llanisco por continuar con la tramitación de proyectos, como el de La Talá, que se derivan de un Plan General suspendido judicialmente.
«No puede prescindirse sin más de la nulidad declarada», sentencia la Sala de lo Contencioso.
Los vecinos de Cabueñes, que luchan contra un plan parcial de 600 viviendas que afecta a la parroquia, llevaban ayer a su terreno la advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. «Gijón lleva el mismo camino que Llanes. El Ayuntamiento debería recapacitar», avisan.
Toda la zona rural, y no sólo Cabueñes, siente como propio el triunfo obtenido por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes con La Talá. Desde que se hizo pública la primera sentencia anulatoria del PGO gijonés, se le ha exigido al Ayuntamiento que paralice el desarrollo urbanístico de la ciudad. El equipo de gobierno optó por revisar su Plan General de Ordenación para no incurrir en ningún tipo de inseguridad jurídica, pero insistiendo siempre en que las actuaciones parciales ya aprobadas «siguen adelante».
«Ni hay seguridad jurídica ni es legal desarrollar los planes parciales de un PGO anulado. Ya se lo dijimos al Ayuntamiento en su día y se lo repetimos ahora», recalcó el abogado de la Federación vecinal «Les Caseríes».
Los portavoces de la zona rural consideran que la sentencia de La Talá sienta un precedente jurídico que les beneficia en sus reivindicaciones urbanísticas. Algunas parroquias, de hecho, no descartan «meterle el diente» al nuevo PGO que prepara el Ayuntamiento, amparándose en los criterios de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
«No hay que olvidar que en la alternativa 0 se incluyen planes parciales del PGO anulado», señalan. «Aunque se resisten a enterrarlo, el "plan Teixidor" está muerto», apostillan, por su parte, representantes de la Plataforma Ciudadana de Cabueñes.
La revisión del planeamiento urbanístico gijonés parte de un documento de prioridades en el que se plantean tres posibles alternativas de expansión urbana. La opción 0 supone dejar el concejo tal cual está. Sin embargo, precisan los vecinos, «el Ayuntamiento incorpora a esa opción nuevos planes como el de Castiello de Bernueces».
La Plataforma de Cabueñes ya ha pedido públicamente al Ayuntamiento de Gijón que retorne al punto de partida al considerar que «el proceso nace viciado».
El procedimiento de revisión se inició el pasado mes de enero. Durante un período de cuarenta días, la concejalía de Urbanismo sometió el documento de prioridades a información pública. Además de la alternativa 0 se propusieron otras dos posibilidades de crecimiento residencial: uno generaría 17.200 viviendas y el otro 24.200.
Prácticamente todas las parroquias del concejo se opusieron al documento, que recibió más de 1.700 sugerencias y alegaciones. Los vecinos de la zona rural no sólo dudan de los datos oficiales que justifican los desarrollos urbanísticos propuestos por el Ayuntamiento. También critican el hecho de que esos desarrollos «estén calcados del PGO que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Asturias». Y, en este sentido, le lanzan un aviso al equipo de gobierno: «Que lea la sentencia de La Talá detenidamente, porque previene de las consecuencias de conceder licencias de obra en estas circunstancias».
La situación
- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el Plan General de Ordenación de la ciudad el pasado verano. En cuestión de seis meses, emitió una treintena de sentencias desfavorables.
- El Ayuntamiento recurrió esas sentencias ante el Supremo y, al mismo tiempo, inició la revisión de su PGO. El documento de partida se sometió a información pública en enero de este año. Recibió más de 1.700 sugerencias y alegaciones.
- El equipo de gobierno insiste en que, mientras no se pronuncie el Supremo, el PGO anulado se mantiene vigente y siguen en marcha sus planes parciales. La última sentencia de Llanes, cuyo Plan General también está invalidado, pone en cuestión esta postura.
Publicado en La Nueva España el 8 de mayo de 2010
