La última prueba contra Blanco avala que el plan de Cabueñes cambió cuando aún era jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento.
El «baile» de fechas de un plano fundamental.
La plataforma vecinal cierra sus argumentos contra el ex arquitecto municipal y espera que el juez resuelva pronto la apertura del juicio oral
A. R.
La plataforma de Cabueñes entregó ayer [17/9/2010] en el Juzgado la última prueba pericial con la que se pone fin a las diligencias previas sobre el denominado «caso Blanco». Y basándose en las cuales esperan que el juez instructor «no albergue ninguna duda para abrir juicio oral» contra Ovidio Blanco, ex arquitecto jefe del Ayuntamiento, imputado por tres posibles delitos -cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada- derivados de las importantes plusvalías que logró con la venta de una finca en Cabueñes recalificada.
La conclusión a la que llega el perito de la acusación, que es asesor a su vez de la Plataforma de Cabueñes, Ignacio Martínez, no es otra que la ya conocida: durante la vigencia del «plan Rañada», las fincas «La Llosona» y «La Llosina», de continuo, tuvieron una asignación como fincas «no urbanizables» y, por tanto, con valor económico escaso. Pero desde el mismo momento (año 2003) en que Luis Felipe Teixidor inicia la revisión del plan urbanístico hasta su conclusión en 2007, a ambas fincas «se les asignó un valor económico elevado como urbanizables».
El informe incluye también un gráfico explicativo de la situación de Ovidio Blanco en el Ayuntamiento de Gijón, con la que se visualiza que el implicado fue jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento desde 1992 hasta el 1 de enero de 2004, cuando pide una excedencia. Ese período de vinculación municipal incluye una fecha clave para el proceso, según la plataforma vecinal: la del 15 de diciembre de 2003. En ese día está fechada una aprobación de información pública previa del documento de prioridades de la adaptación del plan urbano, donde ya figura el gran cambio que va a sufrir el área de Cabueñes y la transformación de una gran mancha de suelo (incluidas las fincas «La Llosona» y «La Llosina») de no urbanizable a urbanizable. En esa fecha, por tanto, Blanco aún era arquitecto jefe.
Éste siempre ha mantenido que el hecho de que comprara en el año 2004 (cuando ya estaba en marcha la recalificación de «La Llosina» y él ya no ocupaba cargo municipal), a un bajo precio, la citada finca (que luego revendió y que le generó unas ganancias de 600.000 euros) no tiene más interpretación que la de un buen gesto por parte de los propietarios de «La Llosona», a los que había beneficiado con anterioridad en la operación previa de compraventa de la citada finca.
«Niego tajantemente que esa devolución o reventa fuera una forma de pagar mi actividad en relación a la recalificación de esa finca», dijo Blanco ante el juez hace un año.
Ignacio Martínez lamentó ayer [17/9/2010] el tiempo que se ha perdido hasta que se pudo presentar esta última prueba pericial, y todo por culpa del recurso en contra que presentó el abogado de Ovidio Blanco. Un recurso que la Audiencia consideró injustificado y por lo que le sancionó imponiéndole el pago de las costas. Ahora, la Plataforma de Cabueñes espera una rápida definición del juez en el sentido más positivo a sus intereses: que declare la apertura del juicio oral.
Ignacio Martínez puso ayer el acento en un curioso «baile» de fechas que afecta a uno de los planos presentados en el informe pericial. Se trata del plano correspondiente a la información pública previa del documento de prioridades del PGOU, que pese a haber sido ideado en 2003, cuando el Ayuntamiento lo presentó en el Juzgado no apareció compulsado y se hizo constar que era de 2004.
Para los vecinos, es «un indicio claro de la posición que está teniendo el Ayuntamiento: no defiende los intereses de los ciudadanos, sino los de Ovidio Blanco. Querer hacer pasar el año 2003 por el 2004 no es baladí. Son los 15 días que median entre que Blanco fuera arquitecto municipal o trabajador en excedencia», sostienen.
Publicado en La Nueva España el 18 de septiembre de 2010
