Y ahora, también sin autobús
YOLANDA GONZÁLEZ
ABOGADA
La indefensión de la ciudadanía de zona rural, sin embargo, no comienza en el momento en que se recalifican los terrenos, sino que éste es el corolario de una carrera de fondo que los ha convertido, queramos o no, en ciudadanos y ciudadanas de segunda. El primer capítulo lo escribieron las políticas agrarias y ganaderas de la Unión Europea, pero especialmente la deficiente gestión de los ingresos comunitarios. La falta de alternativas laborales y la despreocupación por la búsqueda de soluciones y aprovechamientos sostenibles de los recursos del campo, lleva desde 1985 abocando a la zona rural a una reconversión silenciosa y encubierta, sin barricadas ni manifestaciones, pero que ha cercenado miles de puestos de trabajo y además nuestra soberanía alimentaria. Pero la falta de trabajo solo es un eslabón de la cadena. El acceso a los servicios básicos no es equiparable en la ciudad y el campo. A las seculares deficiencias en la recogida de basuras o el mal estado de caminos y carreteras, se suman otros lastres modernos, como el defectuoso y carísimo acceso a Internet, carretera virtual imprescindible para la creación de actividad productiva y para comunicarse con la administración. Pero esto no es todo, los maltrechos servicios educativos o sanitarios de la zona rural soportan a veces la expansión de la ciudad, como denunciaban el pasado verano los vecinos de Cabueñes y ahora los de Roces, cuyos colegios públicos se quedan pequeños ante la afluencia de población nueva atraida por los planes urbanísticos del propio equipo municipal.
Barrida la zona rural ante la falta de viabilidad económica, jibarizadas sus infraestructuras y servicios, el último paso de la cadena consiste en el asalto del ladrillo sobre las parroquias sin que la opinión de los que ya habitan en ellas se considere necesaria e incluso tachándoles de pequeñoburgueses por no plegarse ante los procedimientos expeditivos de apropiación de sus precios. Todo por obra del mismo equipo de gobierno que regula las construcciones ganaderas imponiendo multas desproporcionadas al que se sale de la norma y que intensifica el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre cuadras que ya no son rentables y sobre elementos de patrimonio cultural como los horros. Son los mismos responsables políticos capaces de firmar un Plan General de Ordenación urbana que prevé levantar en Castiello Bernueces, Xove, Porceyo, Granda y Roces, en la mejor de las alternativas presentadas, 10.700 viviendas; al mismo tiempo que cortan las venas de Cabueñes con una carretera de alta densidad acompañada por cientos de viviendas y expropian medio San Andrés con la ZALIA cargándose de paso ocho horros protegidos.
El ramo a toda esta lista de vulneración de derechos se une ahora la eliminación del servicio municipal de transporte (EMTUSA) para las parroquias rurales, justificado desde su supuesta “experimentalidad” y “poca rentabilidad” económica. Desde el convencimiento del hecho de que los servicios públicos nacen para servir a los ciudadanos y no para generar beneficios, cabe también preguntarse si la falta de usuarios puede deberse a la deficiente gestión y a la inoperancia de unos trazados que más parecían una visita turística por lo más “pintoresco” del municipio.
Sin embargo, y pese a la ausencia de alternativas económicas, la falta de servicios de todo tipo, los impuestos y multas abusivas y las expropiaciones y planificaciones urbanísticas indecentes; tal parece que los hombres y mujeres de la zona rural de Xixón no tuvieran derecho siquiera a protestar por las desigualdades de las que son objeto. Al fin y al cabo, representan un pequeño tanto por ciento del cómputo total de votos, y generalmente, allí gana la oposición. Además, y tal y como indicaba recientemente el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, lo mejor es contener la expansión de las zonas rurales, “ordenando el espacio para futuros suelos urbanos”. La intención por tanto del Ayuntamiento pasa de clara a manifiesta y por todo ello no deja de entristecerme la imagen del hombre que camina solo por la carretera a la vuelta de segar, convencida de que es nuestro derecho y nuestra obligación, al menos, dar voz a su indefensión.
Publicado en la edición en papel de El Comercio el lunes 15 de marzo de 2010
y en la web de Unidá Nacionalista Asturiana
