M. Ramírez
Escándalo por supuesto 'pelotazo urbanístico' en el Ayuntamiento de Gijón.
Una denominada Agrupación Ciudadana contra el muro de Cabueñes ha pasado a la ofensiva en esta denuncia ante los juzgados y ha solicitado diligencias esclarecedoras contra Ovidio Blanco Suárez, ex arquitecto del Ayuntamiento de Gijón, y que el juez de la Audiencia Provincial llame a los políticos a declarar por un supuesto caso de corrupción urbanística, ya que aseguran que existen indicios que podrían salpicar a la alcaldesa, la socialista Paz Fernández Felgueroso, el que fuera concejal de Urbanismo durante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Jesús Morales, y al concejal responsable de esta materia, Pedro Sanjurjo.
Este supuesto 'pelotazo urbanístico' tiene todos los ingredientes tradicionales en estos casos -compra de un suelo rústico sabiendo que se hará urbanizables- y se remonta a los primeros años de los noventa cuando el ahora imputado, Ovidio Blanco Suárez, adquirió una finca que formaba parte anteriormente de unos terrenos de suelo no urbanizable. Una adquisición que "no ha sido en absoluto causal, sino el fruto de una operación minuciosamente elaborada", según la ampliación de denuncia a la que ha tenido acceso Diariocrítico de forma íntegra.
Los denunciantes -vecinos de Gijón- tratan de demostrar que la finca llamada La Llosona, adquirida en 1992 por la mercantil HOYANT, SL, se encuentra pegada a una parcela adquirida por el Ayuntamiento de Gijón sólo seis meses antes. Pero no sólo eso, el Consistorio siguió comprando diversas fincas en la zona hasta alcanzar alrededor de 100.000 metros cuadrados, lo que supone un dominio completo del parcelario de la zona, sobre la que luego se diseño el Plan Parcial que reclasifica dicho suelo como urbanizable sin siquiera llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental.
Aunque en el año 1992, esta zona de Cabueñes no era urbanizable, si que era indudable que con la adquisición por parte del Ayuntamiento de tantas parcelas alrededor de la Llosona, en poco tiempo se facilitaría su consideración como tal.
Por ese motivo, llama la atención la ‘casualidad’ de que el entonces Arquitecto Jefe Municipal del Ayuntamiento, Ovidio Blanco Suárez, adquiriese una finca segregada de la Llosona sólo unos meses después de que la empresa HOYANT, SL se hiciera con ella coincidiendo con el plan de compra que estaba llevando a cabo el propio Ayuntamiento de Gijón.
Inicio del supuesto pelotazo
Llegados a este punto, y tras diversos avatares, la agrupación ciudadana contra el muro de Cabueñes sospecha que Oviedo Blanco conocía la operación que pretendía llevar a cabo el Ayuntamiento en función de su cargo y facilitó esa información a la empresa HOYANT, a la que posteriormente compraría una parte de la finca por un valor inferior al que la citada empresa pagó por ella sólo unos meses antes.
Además, según alega la acusación, la segregación de la parcela para que fuese adquirida por el imputado era ilegal en el momento en el cual se produjo, y por ese motivo no se procedió a la inscripción de dicha transmisión en el Registro de la Propiedad, hasta el mes de noviembre, tras la aprobación de la Ley del Suelo.
Por otro lado, resaltan en su denuncia que en el concurso público de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se presentaron dos candidatos: la empresa que finalmente se llevó la adjudicación, Pau Lander SL, y Ramón Rañada, ex responsable de los planes de ordenación de Gijón, con experiencia sobrada en el ramo.
Sin embargo, la solicitud de Rañada fue rechazada por un 'defecto de forma', algo que llama la atención porque ya se había posicionado en varias ocasiones contra los crecimientos de urbanizables en suelo rural, sobre todo en la zona de Cabueñes. Además, destacan los denunciantes que, supuestamente, Pau Lander llevó a cabo diversas irregularidades a la hora de presentar planos y documentación requerida por el Ayuntamiento.
Responsabilidades políticas
De hecho, la plataforma contra el muro de Cabueñes insinúa que pudo influir en esta supuesta trama urbanística el hecho de que la propia regidora del consistorio representaba al Ayuntamiento en Cajastur en el momento en que la entidad procedió a la adquisición de dos parcelas y socilitó ser incluida como promotora dentro del Plan Parcial. Es decir, acusan a la caja de actuar de forma supuestamente no lícita como promotor, ya que sus estatutos establecen que "no puede estar en el mercado inmobiliario".
La Plataforma vecinal contra el Muro de Cabueñes sigue en el caso pese a que recientemente la Audiencia Provincial haya rechazado su petición de ejercer como acusación particular, por lo que los vecinos deben continuar en el proceso como acción popular, una figura legal que recoge el derecho de los ciudadanos a involucrarse en un proceso judicial en el que se juzga un delito del que no han sido víctimas o perjudicados directos.
Eso sí, se han visto obligados a abonar una fianza de 12.000 euros para continuar 'dando guerra', pese a que la fiscalía se adhirió a su denuncia, algo que consideran irregular y que paralelamente a la causa de Cabueñes han elevado al Tribunal Constitucional.
Publicado en Diariocrítico.com el 16 de noviembre de 2009
