El abogado de la Federación de la zona rural asegura que hay que «acomodarlos» a la normativa revisada
M. MORO / R. RODRÍGUEZ GIJÓN
El abogado de la Federación de la zona rural 'Les Caseríes', Antonio García, rebatió ayer el discurso del equipo de gobierno tras conocerse que el Ayuntamiento acumula ya diez sentencias que anulan el PGOU.García está detrás de tres de los recursos contenciosos estimados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), entre los que se encuentra el primero que ha sentado el precedente jurisprudencial de todos los demás.
Y por su conocimiento de las resoluciones judiciales aseguró que los fallos judiciales cuestionan e invalidan también los planes parciales que emanan del Plan General. «Cuando se produzca la revisión de la normativa, todos estos proyectos urbanísticos habrá que acomodarlos».
Una de las demandantes contra el Ayuntamiento al que el TSJA le ha dado la razón es una vecina de Deva afectada por el plan parcial de Cabueñes, precisamente el que más contestación social ha generado dentro del municipio.
En concreto, se trata de una mujer que en su momento se opuso a vender sus terrenos para favorecer esa operación inmobiliaria.
Para el letrado que la defiende, que también es Antonio García, «está claro que su petición de nulidad aceptada para el PGOU sienta las bases» para la invalidación del proyecto que tiene en frente desde sus inicios a la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes.
As en la manga
«A esta vecina se la tiene que tener en cuenta. Las motivaciones personales sí importan. Por mucho que diga el Ayuntamiento no se pueden desarrollar planes parciales de un Plan General anulado por los tribunales», remarcó.
En ese sentido, García aseguró que estará «vigilante» en cuanto empiece de nuevo la tramitación del PGOU, esta vez bajo la figura de revisión.
Utilizará el as en la manga que, en su opinión, supone esta sentencia para paralizar, si llega el caso, la actuación prevista en Cabueñes.
La última remesa de fallos judiciales dictados contra el PGOU vuelve a argumentar que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del plan bajo un indebido supuesto de modificación puntual».
El tribunal asturiano también reprocha a la Administración demandada que se haya acometido una reconfiguración del modelo territorial, cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur, con un «deficiente período de información pública anterior a la aprobación inicial» del PGOU, la «falta de documentos esenciales» y un «deficiente estudio económico y financiero».
Ante estos pronunciamiento judiciales, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, repitió ayer la postura municipal de que todos las sentencias contra el PGOU que se están recibiendo «son recurribles ante el Supremo una a una y sólo inciden en un error en la forma, pero en ningún caso en el fondo».
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Noticia publicada en El Comercio el 27 de septiembre de 2009
