La polémica del PGO cumple diez años
"A ver si a la tercera va la vencida", espera la zona rural del nuevo Plan General, tras los dos fracasos judiciales del modelo urbanístico anunciado en diciembre de 2003
Miriam SUÁREZ
Diez años, y Gijón sigue sin tener un planeamiento urbanístico firme, avalado tanto jurídica como socialmente. El origen de esta situación hay que buscarlo en diciembre de 2003, cuando el Ayuntamiento sacó a información pública un Plan General de Ordenación (PGO) que rompía por completo con el modelo territorial que, hasta entonces, marcaba el crecimiento de la ciudad. Fue el detonante de una de las polémicas más sonadas del municipio, cuyo eco sigue resonando en la Casa Consistorial y a pie de calle.
"A ver si a la tercera va la vencida, porque, si no, ya sería muy gordo", comenta Ana García, una de las vecinas que más activamente participaron en las asambleas celebradas hace diez años con motivo del Plan General. Dice a la tercera porque el Ayuntamiento ya tuvo que replantearse su PGO en 2009, también a consecuencia de una sentencia judicial desfavorable. La diferencia es que ahora el gobierno local lo ostenta Foro Asturias y no el PSOE, y las secuelas que la crisis económica ha dejado en el sector inmobiliario son muy evidentes.
"Pasó lo que hace diez años advertimos que iba a pasar. Pero no hicieron caso, y nos llevaron por delante", lamenta Ana García. Como vecina de Roces, no puede olvidar que en su parroquia se expropió un millón de metros cuadrados para hacer 3.700 viviendas, en su mayoría sujetas a protección. La mitad está sin construir o sin vender. "Lo que hicieron, amparándose en el interés general, no tiene nombre; nos costó muchas lágrimas y a algunos vecinos hasta la salud", señala.
Habla de lo que se conoce como área residencial de Roces o Nuevo Roces, uno de los proyectos que más soliviantaron a la zona rural. El Ayuntamiento y el Principado pusieron esta operación urbanística en manos de Sogepsa, sociedad de promoción y gestión del suelo que "ahora pretenden que rescatemos entre todos los asturianos". Con ella se materializó el "salto a la Ronda" que tanto habían solicitado los constructores y que caracterizó al PGO tramitado entre 2003 y 2007.
"Se plegaron a los intereses de los constructores", sostiene García, que mete en el saco de su reproche al PSOE, IU y también al PP. En cuanto a Foro Asturias, que entraba en la Corporación municipal tras las elecciones de mayo de 2011, "espero que hagan las cosas bien, de acuerdo a la ley y a las necesidades reales de la ciudad", afirma. Es la misma reivindicación que el Colectivo en Defensa del Medio Rural mantiene desde que el PGO pasó a formar parte del vocabulario popular: legalidad y realidad.
Carmen Suárez, portavoz de un colectivo que también está a punto de cumplir su décimo aniversario, repite estas dos palabras una y otra vez. Y cuanto más las menciona, más se cabrea, porque "resulta indignante que haya todavía quien defienda un plan que no se ajusta a la legalidad, además de ser desmedido". A lo que añade, en alusión a los socialistas: "Es increíble que unos aldeanos viéramos lo que iba a pasar y los responsables políticos no se dieran cuenta; y aquí nadie admite su mal hacer; hasta sacan pecho".
Y eso escuece en la zona rural, que no deja de recordar que "nosotros tuvimos que pagar nuestra defensa y, como ciudadanos, la del Ayuntamiento, con sus abogados estrella". Sólo en redacción de proyectos y tramitaciones la ciudad lleva gastados más de un millón de euros, a los que hay que sumar los 605.000 que costará la revisión urbanística prevista por Foro. "Nos hubiera gustado que esto se hubiese resuelto en menos tiempo, y no tardar diez años. Que Gijón esté sin PGO no es bueno, pero tampoco que su norma urbanística se sustente en humo y en ilegalidades", incide Carmen Suárez.
Las operaciones que no fracasaron por motivos económicos están paralizadas administrativamente, a la espera de que el Ayuntamiento normalice la situación urbanística del municipio. Y, ahora, es el sector de la construcción el que se rebela, alegando que la actual paralización urbanística está causando serios problemas de actividad y empleo.
"Cuando el Ayuntamiento se reía de nosotros, muchos constructores se forraban", pasan factura los vecinos. Diez años después, la polémica no cesa.
Publicado en La Nueva España el 8 de diciembre de 2013
